Rajoy, que compareció hoy en la Comisión General de Autonomías del Senado, explicó las líneas generales de la política autonómica de su departamento y se extendió en particular en el nuevo modelo de financiación, que, a su juicio, podría entrar en vigor en un plazo no superior a dos años, una vez que todas las comunidades estén en condiciones de absorber el 30 por ciento del IRPF.

En un debate que se prolongó durantecasi 4 horas, el ministro reiteró que el nuevo sistema de financiación debe ser fruto del consenso político y quiso dejar claro que no será una imposición, sino que será estudiado a fondo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este sentido, anunció que este órgano celebrará una primera reunión al respecto en la segunda quincena del próximo mes de julio.

Rajoy no aportó datos sobre el coste del futuro modelo de financiación y se limitó a enumerar las variables que incidirán en su cálclo. No obstante, adelantó que el criterio del Gobierno es que el año base de cálculo sea 1996.

En otro momento de su intervención, Rajoy dijo que el primer objetivo del Gobierno es cumplir los Estatutos de Autonomía, tanto los de las comunidades del artículo 151 de la Constitución como las del 143.

Para las primeras, se completarán las transferencias pendientes y se utilizará el mecanismo que establece el articulo 150 de la Constitución, que permite delegar competencias de titularidad estatal.

Para las segundas, dijo que antes del verano se celebrarán las comisiones mixtas para aprobar los acuerdos pendientes y se pondrán en marcha los traspasos de enseñanzas no universitarias, haciendo coincidir su negociación con la del sistema de financiación.

Respecto a la reforma del Senado, Rajoy expresó la total disposición del Gobierno a que en esta legislatura se pueda reformar el título III de la Carta Magna, que permitirá una Cámara más operativa y de auténtica representación territorial. El miistro abogó por que la Cámara Alta tenga preeminencia respecto al Congreso en las leyes estrictamente territoriales.

Igualmente abogó por un pacto local que deberá ser negociado con los partidos políticos, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Pronvicias para elaborar un documento que, una vez consensuado con todos ellos, será trasladado al Senado para iniciar el correspondiente debate.

Para Rajoy, "la descentralización debe continuar hacia las corporaciones locales, omo principio inspirador de la administración única".

En el turno de intervenciones de los representantes de los Consejos de Gobierno de comunidades autónomas, Rajoy escuchó las opiniones más críticas por parte de los consejeros de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura, regiones gobernadas por los socialistas y que hasta ahora son las que han mostrado más reservas sobre el nuevo sistema de financiación.

Así, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, aludió a las udas y a la desconfianza que el sistema pactado entre el PP y CiU ha generado entre los ciudadanos de su comunidad. Agregó que la solidaridad y la autonomía financiera son principios compatibles y subrayó la necesidad de contar con un documento previo de trabajo sobre las lineas básicas del nuevo modelo de financiación, para avanzar en su discusión.

Más crítico fue el consejero de Economía de Castilla La Mancha, Miguel Angel Montañés, quien reprochó a Rajoy no haber aportado ninguna novedad y plantearuna velada amenaza al afirmar que, si el nuevo sistema de financiación no es objeto de un consenso entre todos, al final tendrá que ser aprobado por mayoría. Montañés cuestionó que la cesión del 30 por cien del IRPF vaya a suponer la suficiencia financiera de las autonomías y expresó su preocupación por el hecho de que la carga tributaria pueda no ser igual para el conjunto de los ciudadanos en función de su lugar de residencia.

Por su parte, Carlos Sánchez, vicepresidente de la Junta de Extremadura, seguró que en el tema de la financiación "nos movemos entre la fe, la verdad revelada y los instrumentos mágicos", porque el Gobierno no ha concretado los mecanismos de ese nuevo modelo que, en su opinión, tendrá unos efectos "perniciosos y lesivos" para Extremadura.

En el turno de portavoces, el representante del PNV, Joseba Zubía, expresó sus quejas porque, diecisiete años después de ser aprobado el Estatuto de Guernica, todavía haya pendientes transferencias al País Vasco, y reclamó que se opte porun modelo de Estado congruente con la autonomía política y a la vez respetuoso con los hechos diferenciales.

En nombre del Grupo Socialista, Lluis Armet exigió a Rajoy que el Gobierno fije un intervalo máximo-mínimo indicativo para acotar el coste del nuevo sistema de financiación autonómica y pidió el máximo consenso posible para acordar lo que, a su juicio, es "un salto cualitativo de primera magnitud".