En un encuentro celebrado con los medios de comunicación, Durán-Sindreu recordó que, desde 1999, no se hn revisado las cuantías de las tarifas del impuesto, ni del mínimo personal exento, ni de las deducciones por renta de trabajo, de forma que no se les ha aplicado el efecto de la inflación en estos dos años.

Esto supone un perjuicio para el contribuyente, ya que su renta sí que ha sufrido los efectos de la inflación y esas ventajas fiscales no. En su opinión, no es válido el argumento de Hacienda de que hay que esperar a analizar el resultado de la recaudación de la campaña de este año, porque "una coa no tiene nada que ver con la otra".

El presidente de la Aedaf expresó, además, sus dudas de que sea posible bajar el tipo mínimo del impuesto del 18 al 15% en la segunda parte de la legislatura, debido a que esta decisión tendría un impacto "importantísimo" en la recaudación, por el gran número de contribuyentes que se vería beneficiado.

En cambio, sí que estimó como posible la reducción del 48 al 46% del tipo máximo, puesto que afecta a un número de personas mucho más reducido y su impacto sera mínimo. Asimismo, abogó por la desaparición de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, por entender que están prácticamente en desuso y que, en el primer caso, supone un segundo gravamen de la renta después de que ya se ha pagado IRPF.

Durán-Sindreu criticó también que los beneficios fiscales para las inversiones en investigación, desarrollo e innovación no hayan entrado inmediatamente en vigor en julio de este año, cuando se aprobó el Real Decreto con el paquete de medidas contra la inflación.

Como estos beneficios se comienzan a aplicar cuando empieza un nuevo ejercicio económico, se está dando la picaresca de que muchas empresas están interrumpiendo el periodo en curso y lo dan por acabado, para aplicárselos antes. En otros casos, las inversiones de esta naturaleza se están posponiendo hasta enero, comienzo natural del ejercicio.

La Aedaf aboga igualmente por la creación de un mecanismo de arbitraje que resuelva los litigios de los contribuyentes cuya cuantía sea inferior a las 500.000 esetas, como mejor forma de descongestionar la labor de los tribunales por esta causa.