Esta entidad argumenta que implantar un sistema tan complejo puede presentar "graves" problemas de aplicación práctica, al tener que adaptar las empresas sus sistemas administrativos al nuevo procedimiento de cálculo.

Además, el nuevo sistema de retenciones requiere un conocimiento muy minucioso que obligará a los centros de trabajo a hacer un gran esfuerzo que se sumará al quetienen que hacer por la llegada del euro.

Por estos motivos, el CES entiende que es apropiado dar un plazo no inferior a tres meses para que las empresas se adapten. En este tiempo, aconseja aplicar una reducción "apreciable" sobre las retenciones de 1998, para luego quedar automáticamente regularizadas en el tiempo previsto.

Por otro lado, este organismo entiende que Hacienda está delegando en el retenedor la función de búsqueda y manejo de información propia de la administración tributaria. Est obligación implica que las empresas asuman competencias que no les corresponden y que aumenten los litigios.

Considera más adecuado que sea la propia Agencia Tributaria la que disponga de los datos sobre retenciones y determine el porcentaje a aplicar, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos aportadas por la empresa.

Añade que la información que el asalariado debe facilitar en su lugar de trabajo para realizar las retenciones puede resultar "excesiva", ya que se puede violar la intimidad e cuestiones personales que trascienden la esfera de la empresa.

Finalmente, el CES sostiene que la regularización de las retenciones puede implicar importantes costes para las empresas, especialmtente para las que tengan un elevado número de trabajadores temporales.

Para evitar una permanente regularización de estas retenciones, propone que se actualicen al término de cada trimestre natural.