Lo hizo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a la parlamentaria del PP Margarita Prohens, quien, a pesar de que la pregunta que registró rezaba lo siguiente: ¿Cree que una ley mal hecha debe corregirse?, convirtió su intervención en una enmienda a la totalidad a la gestión de Montero, a quien exigió su dimisión.

En ese sentido, se dirigió a las “señoras del PSOE”, para inquirirles “¿qué hace la ministra Montero todavía sentada en la bancada azul?” Tras recordar que desde la entrada en vigor de la referida ley se han producido 108 revisiones de condena a agresores sexuales y 16 excarcelaciones, preguntó “¿qué más tiene que pasar para que alguien en este Gobierno asuma responsabilidad por algo?”

En su respuesta, Irene Montero atestiguó que “esta ley permite por primera vez proteger a las víctimas por violencias sexuales, a las que denuncian y a las que no”; un preludio que le permitió preguntar lo siguiente: “¿Quién es el que decide en un Estado de derecho si una ley tiene que ser reforzada, usted, señora Prohens, el PP o el Poder Legislativo?”

La ministra afeó al PP que considere que “todas las leyes feministas están mal”; y les acusó de instrumentalizar determinadas normas, como la ‘Ley trans’, para “montar unas jornadas” -en referencia a las que los populares organizaron en el Congreso el viernes reuniendo a feministas que se han alejado del PSOE por esta ley- en las que “descubrimos que el problema no es que la ley está mal hecha, sino que ustedes traen aquí, a esta Cámara, a personas que dicen que las personas trans son enfermas y que las personas Lgtbi no están bien”.

También reprochó al PP que haya presentado una propuesta de reforma de la ‘Ley del sólo sí es sí que “no dice nada de las medidas integrales de protección a las víctimas, de reparación, de prevención, de detección precoz, de atención integral; que no cuenta con el aval de ningún experto; y que, oh sorpresa, lo que hace es recuperar el esquema basado en la violencia y en la intimidación; un esquema del que todos los organismos internacionales nos piden que huyamos, porque, como dice Adela Asúa, supone un calvario probatorio que termina por producir una doble victimización en la mujer que no se hubiera resistido lo suficiente; y, para rematar, ustedes, en esa propuesta, bajan las penas para las víctimas entre 16 y 18 años y no meten transitoria. Un poco de respeto”.

Por último, recordó que en los primeros años de aplicación de la ley contra la violencia de género hubo un 158% de aumento de sobreseimientos, que provocaron que las víctimas no recibieran “la adecuada protección del Estado”, y 187 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces, que llevó a “cientos de mujeres a ver paralizados sus procesos en los tribunales”.

Por ello, observó que “18 años después nadie duda de que esa ley es un avance democrático incuestionable que nos permite proteger mejor a las mujeres; la ‘Ley del sólo sí es sí hace exactamente eso: por primera vez, permitir que el Estado proteja eficazmente a las mujeres”.