De acuerdo con una resolución aprobada ayer, lunes, por el Ministerio del Interior, estos escoltas pertenecientes a empresas privadas deben acudir a su trabajo y no ejercer su derecho a la huelga, debido al riesgo que corren una serie de personas ante la posibilidad de ser objeto de atentados terroristas.

Por este motivo, la resoluciónde Interior establece que "ante la posible colisión entre el legítimo derecho de huelga de los trabajadores de la seguridad privada y el propio derecho a la vida de los por ellos protegidos, es evidente que este último debe prevalecer".

La restricción del derecho a la huelga para los escoltas del resto de España se restringe para el 75 por ciento de estos empleados, mientras que sube hasta el 85 por ciento para los vigilantes que prestan labores de protección a servicios relacionados con la custodia otransporte de dinero, así como de objetos valiosos y peligrosos.

Además, Interior establece que también deberán trabajar de manera obligada el 75 por ciento del personal de seguridad privada que custodia instalaciones como centrales nucleares o fábricas de explosivos.