De este total, el 52,7% de las investigaciones se iniciaron por comunicaciones de los bancos privados, un 17,8% a iniciativa de las cajas de ahorros y un 8,8% debido a la cooperación internacional.

La Comisión terminó el año pasado 880 investigaciones previas de operaciones de blanqueo de capitales, de las que 504 fueron archivadas por el propio Servicio Ejecutivo de este organismo y 197 fueron remitida a las autoridades policiales.

El resto tuvo como destino distintas fiscalías, las autoridades judiciales, el Ministerio de Economía y Hacienda o la cooperación internacional, principalmente.

Los aumentos más destacados en las investigaciones iniciadas se han producido en las sociedades de inversión mobiliaria, especialmente las de capital variable, que pasaron de 92 en 1997 a 221 el año pasado.

Por su parte, los casos referidos a establecimientos de cambio de moneda extranjera pasaron de 25 a 316, mientras los relativos a promotoras inmobiliarias pasaron de 480 a 660.

Asimismo, 53 de estas operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de transacciones ilícitas con el exterior fueron remitidas a la Fiscalía Especial de Prevención del Tráfico Ilegal de Drogas.

TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR

La Comisión también supervisa transacciones económicas con el exterior sospechosas de no cumplir la legalidad. En lo que respecta a esta actividad, se ha producido una disminución en las actaciones, puesto que mientras que en 1997 se iniciaron 1.014 investigaciones, el año pasado se emprendieron 798.

Del mismo modo, también se redujeron las investigaciones terminadas en 1998 (iniciadas en ese año o en otros ejercicios), que pasaron de las 1.294 del ejercicio anterior a 1.032.

Destacaron las 633 inspecciones emprendidas en establecimientos para el cambio de moneda extranjera, las 165 realizadas para comprobar entradas y salidas por fronteras de moneda metálica, billetes y cheques al ortador y las 77 referidas a pagos no declarados a no residentes.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales insiste en que la Administración debe inspeccionar además otros tipos de operaciones, como son las cuentas de no residentes en el exterior o en España, las inversiones españolas en el extranjero o las extranjeras en nuestro país.

También cree conveniente que se comprueben las identidades de los autores o de las personas apoderadas de dichas operaciones, su legalidad y veracidad o ue se supervisen las declaraciones que sean preceptivas.

Aunque este organismo reconoce que no es posible coartar la libertad de movimiento en los capitales, sí que aclara que el hecho de que la Administración las conozca o de que tengan que ser comunicadas a la misma no supone limitación alguna y constituye "el mejor procedimiento" para prevenir el blanqueo de capitales.

FALTA DE CALIDAD

La Comisión se queja de la calidad de las comunicaciones (bancos, cajas y otras entidades están obligadas acolaborar con este servicio), puesto que muchas veces se da cuenta de operaciones de escasa importancia y cuantía que, en principio, no contienen indicios de que se haya producido blanqueo.

En general, se refieren a personas de determinadas nacionalidades, al dinero relacionado con delitos claramente comunes (estafas, malversaciones, fraudes), a cuentas que acaban de cancelarse en la entidad comunicante y a empresas e individuos que están siendo investigados por la policía o la justicia.

"Da la ipresión de que, en ocasiones, una entidad formula comunicaciones para justificar que cumple con lo dispuesto reglamentariamente", se lamenta este organismo.

No obstante, la Comisión matiza que "no pocos" casos se refieren a operaciones sospechosas "de indiscutible transcendencia y elevada cuantía".

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales es un organismo adscrito al Banco de España, aunque está presidida por el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro.