La memoria, a la que tuvo acceso Servimedia, pone de manifiesto que 12.017 reparos fueron planteados en la fiscalización de expedientes de gasto de ministerios y 2.208 en la correspondiente a organismos autónomos administrativos, lo que supone un aumento del 25 por ciento respecto al año anterior.

La IGAE tiene la potestad de interponer un "reparo suspensivo", que paraliza la ejecución de un gato, cuando el interventor detecta alguna insuficiencia o irregularidad en relación a los requisitos establecidos en el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Los requisitos que deben cumplirse necesariamente son que haya un fondo previsto en los Presupuestos del Estado, que la persona que va a realizar el gasto sea la competente para ello y los que determine el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda.

Fuentes de la IGAE consultadas por Serimedia indicaron que el reparo se levanta cuando el error se subsana por parte del organismo que quiere efectuar el gasto, salvo cuando éste último no admite la objeción del interventor delegado y es preciso recurrir al arbitraje de los máximos responsables de la IGAE o, si todavía se mantiene la discrepancia, la resolución final del Consejo de Ministros, algo que rarísimamente llega a plantearse.

En todo caso, la última memoria de la IGAE considera "bajo" el nivel de "reparos" planteados, dado que reresentaron en torno al 1 por cien de los expedientes fiscalizados, que fueron 1.712.779, que suponían un gasto total de cas 4,7 billones de pesetas.

De los 12.017 "reparos" planteados a expedientes de gasto de los ministerios, 350 recayeron sobre contratos de obras; 880 en contratos de suministros; 96 en contratos de equipos informáticos; 1.050 en contratos de asistencia técnica; 216 en contratos del Patrimonio del Estado; 350 en operaciones de personal; y 6.460 en clases pasivas (concesiones y liquidción de pensiones), entre otros.

Además, la IGAE formuló 1.116 objeciones en relación a las subvenciones propuestas por los distintos ministerios, que supusieron la mayor partida dentro de los gastos fiscalizados, al ascender a 868.293 millones de pesetas.

Las fuentes consultadas recalcaron que la fiscalización previa efectuada por este organismo afecta por igual a todos los contratos realizados por la Administración, independientemente de su forma de adjudicación, aunque ésta se realizada "a ded".

La tarea de la IGAE para evitar abusos y discrecionalidades en el gasto público quedó de manifiesto en la comisión del Congreso que investiga el "caso Roldán", ante la cual compareció el pasado jueves la directora general del organismo, Purificación Esteso.

Todas las versiones filtradas sobre sus palabras ante la comisión indicaron que había afirmado que la IGAE elevó a los responsables del Ministerio de Economía un informe en el que alertaba sobre irregularidades en la adjudicación de obras d la Guardia Civil.

REDUCCION DE EFECTIVOS

Por otra parte, la memoria de la IGAE, correspondiente a 1992, pone de manifiesto que el Gobierno redujo los efectivos de este organismo entre un 5,8 por ciento, al pasar en ese ejercicio de 3.076 a 2.897.

La memoria señala que "la causa básica de esta tendencia se encuentra en la entrada en funcionamiento, a 1 de enero de 1992, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, lo que supuso un trasvase de personal, tanto funcionario como laboral, e las dependencias de la Intervención, especialmente las Territoriales, a las de la Agencia".

No obstante, la asignación presupuestaria inicial de la IGAE aumentó en el 92 un 12 por cien y se situó en 9.536 millones de pesetas.