Estos fueron algunos de los obstáculos con los que se encontró la UCO a la hora de hacer averiguaciones en torno al contrato que Interior adjudicó a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la compañía sobre la que gira la presunta trama de comisiones ilegales, por casi 3,5 millones de euros.

Los investigadores realizaron hasta tres requerimientos a diferentes organismos del Ministerio. El primero fue en la Subdirección General de Gestión Económica, a la que acudieron el 26 de mayo de 2022 sin éxito. Su máximo responsable, el subdirector José Manuel Fraile Azpeitia, aportó documentos “ilegibles” y “ninguno” que hiciera “mención al suministro de material por parte de la empresa adjudicataria ni a los contactos con la misma para el perfeccionamiento del contrato”.

Esto llamó la atención de la UCO, que remarcó que “resulta cuanto menos extraño que, siendo la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial la entidad adjudicadora del contrato, éstos o bien carecen o no hayan aportado ningún tipo de información referente”.

Y subrayó que los documentos recibidos solo versaban sobre las autorizaciones administrativas de gasto para la ejecución del contrato, y que fueron remitidos a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras del mismo Ministerio.

MÁS MASCARILLAS DE LAS CONTRATADAS

Allí se desplazaron ese mismo día, pero no lograron ningún documento hasta seis días después, cuando volvieron con una orden de la Fiscalía Anticorrupción. El máximo responsable de la subdirección, Daniel Belmar, expuso ante los agentes de la Guardia Civil que las empresas adjudicatarias de los contratos de suministro de mascarillas “surgieron de una reunión interministerial en la que el Ministerio de Fomento y Transportes” puso sobre la mesa “un abanico de sociedades” ante “la escasez de material sanitario” en el mercado.

Y, entre la documentación aportada, se obtuvo el contrato, que estipula el suministro de 1.065.000 mascarillas FFP2 a 3,27 euros por unidad –un total de 3.479.355 euros–; hasta tres distintas fechas del inicio del mismo; y un acta de entrega que apunta que, a 29 de mayo de 2020, llegaron 223.650 unidades más de las contratadas.

En esa recepción, además, la UCO destaca en su informe que, según la información disponible, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no se personó. Y “llama la atención” de que el documento refleja que su fecha de redacción fue el 6 de mayo de 2020, es decir, antes de que llegaran las mascarillas, “lo que pudiera tratarse de una errata o de un documento preconstruido a fecha de recepción de las mascarillas”.

En el informe, los investigadores reconocen también su sorpresa con "los asientos contables" del contrato, ya que, entre medias de los pagos, “existen anotaciones de abonos y cobros aparentemente sin sentido, llegando a tener a fecha 1 de junio de 2020 un saldo favorable” para la empresa de la presunta trama “por importe de 10.438.065 de euros”, aunque después se regularía y bajaría al valor del contrato.

NINGUNA JUSTIFICACIÓN

En paralelo, desde la subdirección declararon ante la UCO que, más allá de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, desconocían la participación en el suministro del resto de las empresas del presunto cerebro de la trama, Juan Carlos Cueto, y del presidente del Zamora C.F., Víctor Aldama.

Más allá de los señalamientos al Ministerio de Transportes, los agentes no localizaron “ningún documento” que hiciera “referencia a los motivos por los que el Ministerio de Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión y Apoyo, ni tampoco ningún documento que haga referencia a las referidas comunicaciones con el Ministerio de Fomento o cualquier reunión en la que se decidieran las empresas proveedoras de material sanitario”.

El trabajo de la UCO concluyó en la Dirección General de Gabinete y Coordinación de Estudios del Ministerio del Interior, donde su responsable, José Antonio Rodríguez González, indicó que “carecía de información y documentación” del contrato.