A su juicio, esta cuestión se ha convertido en los últimos años en un "problema preocupante" que crea "un clima de intranquilidad respecto a la seguridad de los ás pequeños".

En una instrucción remitida el pasado martes a todas las delegaciones del Gobierno, gobernadores civiles y responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, Vera indica que las investigaciones tendrán carácter prioritario cuando existan indiciones suficientes para suponer que la desaparición ha sido originada por la actividad delictiva de terceros.

Señala que en el momento mismo de producirse la denuncia, las fuerzas de seguridad deben iniciar las gestiones para loclizar al menor, no pudiendo transcurrir 48 horas desde que tengan las primeras noticias de la desaparición de un menor sin que la orden de búsqueda conste en la base de datos conjunta de la policía y Guardia Civil.

Vera considera que ambas instituciones deben agilizar la puesta en funcionamiento de esa base de datos común -en la actualidad está en fase de ejecución-, que comprenderá información tanto sobre personas desaparecidas como sobre cadáveres sin identificar. Esto conllevará la unificación del mpreso utilizado para las denuncias de estos casos.

Como norma general para la localización de personas, ordena a las unidades policiales intensificar el control sobre los menores en los autobuses interurbanos, trenes, lugares de ocio y esparcimiento de los jóvenes, así como en las denominadas "tribus urbanas", prostíbulos y todos aquellos lugares que puedan ser refugio de desaparecidos voluntarios o forzosos.

El secretario de Estado para la Seguridad también dispone que la policía y la Benemérit designen en cada pronvincia uno o varios responsables de la coordinación y seguimiento de las investigaciones sobre menores desaparecidos, que serán los encargados de actualizar la base de datos sobre desapariciones.

Estos responsables provinciales también deberán canalizar las comunicaciones sobre denuncias de este tipo que formulen a la policía y Guardia Civil, las policías locales y autonómicas, cuya colaboración considera necesaria por razones de operatividad y eficacia.

Finalmente, resalta ue aunque estas instrucciones hacen referencia, preferentemente, a la búsqueda de menores cuya desaparición haya sido denunciada, también deben hacerse extensivas a las denuncias sobre desaparición de mayores de edad.

Durante el último quinquenio, la policía recibió más de 13.000 denuncias por desaparición de menores de 18 años, aunque en la actualidad tan sólo están vigentes 372.

De estos casos, aproximadamente el 1 por ciento son desapariciones que se han producido contra la voluntad de la víctma, según un informe de las fuerzas de seguridad del Estado.