Esta fue la respuesta de Martí Fluxá, que compareció esta tarde en la Comisión de Justicia e Interior, a una pregunta del diputado socialista Julio Villarrubia sobre la política del Gobierno en materia de cierre de cuarteles de la Benemérita.

El responsable de Interior, quien aseveró que "no es voluntad del Gobierno cerrar ningún cuartel", explicó, no obstante, que la política que se aplicará en este sentid es la de examinar cada caso concreto, atendiendo a criterios de "racionalidad, eficacia y operatividad".

Aunque señaló que existe una permanente demanda social en los pueblos respecto a la permanencia de los puestos de la Guardia Civil, admitió que "la escasez de recursos hacen difícil mantener muchos de estos puestos".

En este sentido, indicó que de la aplicación de los criterios citados, en los próximos años podría derivarse la adopción de decisiones puntuales en relación con determinados acuatelamientos, aunque reiteró la no existencia en la actualidad de un plan generalizado de cierre de cuarteles.

Desde 1981 hasta la fecha se han cerrado en España 596 cuarteles. La Dirección General de la Guardia Civil dispondrá a lo largo de 1997 de una partida presupuestaria de 772 millones para reparación y mantenimiento de cuarteles existentes.