Durante el pleno del Senado, Alonso explicó que la norma aplicada por el ministerio pospone la iniciación del expediente administrativo por situación irregular de la mujer inmigrante víctima de malos tratos hasta que se tenga constancia de la resolución judicial sobre la orden de protección.

El ministro recalcó que se permitirá a la víctima solicitar el permiso excepcional de residencia y, una vez acordada o rechazada judicialmente la medida de protección, se iniciará el expediente administrativo sancionador.

Por tanto, el titular de Interior subrayó que "en el caso de que, o bien la autoridad judicial no dicte una orden de protección o bien no le sea concedida la residencia temporal excepcional a la denunciante, el expediente sancionador podrá concluir con una propuesta de expulsión".

De este modo, el avance del Gobierno en la protección de las mujeres irregulares que denuncian malos tratos se limita a posponer la tramitación directa de su expulsión hasta que haya resolución judicial al respecto.

Asimismo, recordó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene orden de que "su obligación prioritaria e inmediata es prestar la asistencia y protección adecuadas a la víctima e informarle claramente de sus derechos", y únicamente después de realizar estas actuaciones y remitir al órgano judicial el atestado instruido como consecuencia de los malos tratos, se abordará la problemática relativa a su posible situación administrativa.