Solchaga deberá aclarar ante el magistrado su participación en la elección de Giovanni Orefici como beneficiario de la privatización de Intelhorce en agosto de 1989.

Orefici permanece en prisión desde el pasado mes de marzo, como presunto autor de delitos de estafa y desviación de fondos, entre otros, cometidos en el momento de la privatización y en la posterior gestión de la fábrica, que quedó totalmente descapitalizada en tan solo tres años.

El sindicato CCOO, que ejere la acción popular en el caso, pidió en marzo la apertura de diligencias penales contra Carlos Solchaga, por considerarle responsable de un delito de prevaricación cometido en la operación de venta y otro de apropiación indebida.

Según el sindicato, el ex ministro ordenó en junio de 1993 que se ejecutara un aval contra Intelhorce correspondiente a un crédito personal solicitado al Banco Exterior por Giovanni Orefici. El crédito, que ascendía a 1.850 millones de pesetas, supuso un quebranto final en e capital de Intelhorce de 2.500 millones.

AYUDAS PUBLICAS

El juez investiga también la existencia de un expediente abierto contra el Estado español por la Comunidad Europea, cuya existencia ya era conocida por el Gobierno en el momento de la privatización, en el que se investigaban las ayudas públicas dadas a Intelhorce desde 1986.

Como consecuencia de ese expediente, cuya tramitación finalizó el año pasado, Intelhorce deberá devolver al Estado más de 6.000 millones de pesetas correspondienteslos 4.400 millones recibidos en ayudas desde 1986, más los intereses.

Carlos Solchaga declarará en este caso después de que lo hayan hecho ya el ex director general de Patrimonio del Estado, Francisco Zambrana, y el subdirector de ese organismo, Miguel Angel Herrera Chamorro, también por su presunta responsabilidad a la hora de elegir a Orefici como beneficiario de la venta de Intelhorce.

En la actualidad sigue en prisión el ex presidente de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno García por su presunta responsabilidad en la confección del informe a favor del italiano, que resultó decisivo en el momento de la elección.

El documento exponía la vinculación de las empresas de Orefici, Benorbe y Benservice, con el Grupo Benetton como factor clave para el futuro de Intelhorce en el caso de conseguir hacerse cargo de su gestión, aunque finalmente se comprobó que esta relación no existía, a pesar de que el informe consiguió decantar la balanza a favor del empresario italiano.

Por otro ado, el magistrado que instruye las diligencias de este caso ha anunciado su intención de desplazarse a Italia, con el objetivo de investigar la presunta desviación de fondos cometida por Orefici en favor de entidades de ese país.

Orefici, que según consta en el sumario pudo haber desviado del capital de la fábrica 4.278 millones de pesetas, empleó presuntamente para este fin algunas empresas cuya sede social se encontraba en su ciudad de nacimiento, Cremona.