El castigo de inhabilitación se aplicará a los objetores de conciencia reconocidos que aleguen "falsamente" motivos de conciencia y a los que, na vez llamados al cumplimiento del servicio asignado, dejen de presentarse sin causa justificada retrasando su incorporación por tiempo superior a un mes.

También se aplicará a los que, ya incorporados, dejen de asistir durante más de veinte días consecutivos o treinta no consecutivos sin causa justificada, y a los que se nieguen "de modo explícito o por actos concluyentes" al cumplimiento de la prestación.

Igualmente, serán inhabilitados los que hayan sido legalmente citados a cumplir el Servico Militar Obligatorio y retrasen su incorporación durante más de un mes sin justificación, o manifiesten explícitamente su negativa a cumplirlo "sin causa legal alguna".

Una vez cumplida la condena impuesta, el penado quedará exento de cumplir la Prestación Social Sustitutoria, si estaba declarado objetor de conciencia, o de cumplir el Servicio Militar Obligatorio, si había sido citado para ello. En este caso, la excepción para quedar exento será "el supuesto de movilización por causa de guerra".

CAACTER RETROACTIVO

Los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley "continuarán su tramitación con arreglo a la misma" y sus preceptos tendrán efectos retroactivos "en cuanto favorezcan a los condenados mediante sentencia firme con arreglo a la legislación anterior".

En el caso de las sentencias dictadas conforme a la legislación derogada y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, las partes podrán invocar y el juez o el tribunal aplicará de oficio los preceptos e esta ley.

El portavoz popular en la Comisión Mixta que estudia la Profesionalización de las Fuerzas Armadas, Arsenio Fernández de Mesa, que presentó la proposición en rueda de prensa, estimó que la modificación de penas para el delito de insumisión podría entrar en vigor en el primer semestre de este año, tras su tramitación parlamentaria.

El Grupo Popular confía en que el PNV, único socio del Gobierno que no firma la proposición de ley, se sume a ella y vote a favor en su toma de consideraciónpor el pleno del Congreso para iniciar su tramitación.

El diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro consideró que "nadie debe estar en la cárcel en este momento de tránsito en el que se ha avanzado de manera muy importante en el proceso de profesionalización", por negarse a cumplir el Servicio Militar o la Prestación Social Sustitutoria.