Durante la celebración de la Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de los Accidentes de Tráfico en el Congreso de los Diputados, Montoro aseguró que se trata de "una demanda social en la que vienen insistiendo desde hace tiempo los expertos pero que, sin embargo, tiene un corto impacto en la legislación vigente y que hace de España uno de los países más tolerantes en la materia".

Concretamente, la propuesta de Navarro consiste en tipificar como delito el presentar tasas de alcohol iguales o superiores a un gramo por litro de sangre, o superar en 60 kilómetros por hora los límites de velocidad establecidos.

No obstante, precisó que "no es la única solución", porque, a su parecer, "será necesario acometer actuaciones como la mejora del firme de las carreteras españolas, la señalización, concienciar a los usuarios acerca de la necesidad de mejorar posibles deficiencias del vehículo o incrementar la supervisión policial".

Durante su comparecencia, insistió en que, a lo largo de los últimos diez años han muerto 57.000 personas en España como consecuencia de siniestros en carretera, 1.500.000 resultaron heridos (cifras oficiales que, según Intras, se elevarían a los 8 millones), al tiempo que los accidentes provocaron un coste económico de 160.000 millones de euros.

Por otra parte, informó de que aproximadamente el 40% de los accidentes son "perfectamente controlables por el conductor, medibles por los supervisores, regulables por la normativa y, por lo tanto, evitables", ya que se derivan de consumo de alcohol y de conducir a una velocidad excesiva.

Defendió la posibilidad de tipificar como delito la presencia de una tasa de alcohol igual o superior a un gramo, ya que, según dijo, deteriora los tiempos de reacción del sujeto, disminuye la atención, la coordinación en el manejo del vehículo o las capacidades visuales, entre otras cuestiones.

En cuanto a los límites de velocidad, indicó que el impacto que sufriría un conductor que circula por autopista o autovía entre 120 y 180 kilómetros por hora, velocidad a la que se recorren 50 metros por segundo, equivaldría a caer desde una altura de 36 pisos (128 metros).

Sin embargo, y pese a que reconoció que los límites de velocidad establecidos en España presentan un carácter "medio o alto" en comparación con otros países, aseguró que "no es necesario cambiarlos, sino respetar los ya establecidos y, en caso de incumplimiento, penalizar los excesos".

Estimó necesario también el introducir modificaciones para penalizar la conducción sin la licencia o permiso pertinente, algo que, a su juicio, suscita una "verdadera alarma en España".

Montoro aseguró que "la tolerancia de la legislación española en la materia ha sido denominada fuera de nuestras fronteras como crimen folclórico" y aludió a la clara tipificación establecida en el Código Penal francés que, "pese a ser demasiado duro, establece claramente los castigos y sanciones económicas correspondientes a cada uno de los incumplimientos en materia de seguridad vial, frente al carácter abstracto y vago que presenta el español".

Además, coincidió con la convenciencia de introducir "más adelante" nuevas modificaciones, como la propuesta or el portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Cabrera, acerca de la necesidad de regular la incidencia que tienen sobre la población los anuncios publicitarios de los vehículos, en los que se valora la velocidad y el riesgo, fundamentalmente.