Según señaló hoy la organización ecologista WWF/Adena, la aplicación adecuada de esta nueva legislación supone una nueva forma de relación entre los ciudadanos y las instituciones medioambientales.

La Comisión Económica para Europa del Comité de Política Ambiental de la Organización de Naciones Unidas creó este convenio en la ciudad danesa que le da nombre en febrero de 1998.

Ahora, el reglamento que lo desarrolla supone que cualquier ciudadano está legitimado, sin necesidad de demostrar ninguna afección particular, para reclamar información ambiental y participar en las decisiones medioambientales.

Por su parte, las ONG podrán acceder a la justicia contra decisiones ambientales lesivas sin necesidad de tener que demostrar una implicación directa ni afección económica.

"El lograr que las propias instituciones europeas se sometan a esta transparencia, a la que siempre se mostraron muy reacias, ha sido ya un auténtico triunfo", destacan los ecologistas.

Para Rita Rodríguez, del Departamento Legal de WWF/Adena,"resulta ahora fundamental que ciudadanos y ONG hagan uso generoso de estos nuevos derechos, de modo que se cimente una nueva tradición de participación pública en decisiones que pueden afectar a nuestra salud, nuestras vidas y nuestra naturaleza y que las diversas instituciones no puedan parapetarse en que nadie les pide información y participación".