Así lo puso de relieve Díaz durante la presentación del Plan Especial de la Inspección para proteger a los trabajadores de los riesgos ante la exposición a las altas temperaturas de la época estival.

La vicepresidenta segunda recordó que el pasado año el Gobierno cambió la metodología y las normas de prevención. “Hicimos un diseño en el sentido d advertir y trabajamos de manera cooperativa” con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) “para indicar que ante alertas rojas o naranjas hay que alterar las jornadas de trabajo, los ritmos de trabajo e incluso llegar a paralizarlo”.

En este sentido, explicó que la campaña informativa de envío de cartas empezó en junio y seguirá muy enfocada en la hostelería, como el año pasado, pero incluyendo esta vez a las empresas multiservicio y a los centros especiales de empleo.

“Las personas que desempeñan sus actividades laborales en esos centros requieren de una protección y una atención especial”, razonó Díaz sobre estos centros, que son empresas con más de un 70% de personas con discapacidad en plantilla.

A TODOS LOS BARRIOS

“Lo que estamos haciendo con todo este diseño y este plan es evidenciar que la emergencia climática existe, que llega a todos los barrios de nuestro país y que no se puede trabajar en condiciones climáticas adversas”, enfatizó la vicepresidenta, quien puso ejemplos como que los empleados tienen derecho a zonas de sombra o a estar hidratados. Y avisó de que dice esta cosa “tan obvia” porque no siempre es así, pues el año pasado falleció un trabajador en Murcia sin que su empresa le diera agua.

Además, Díaz, resaltó que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe de hace escasas semanas, señaló que la seguridad de más del 70% de los trabajadores en el mundo está en riesgo por el cambio climático”.

Por otra parte, con este plan se da pie a controlar también la economía irregular y el fraude en la contratación temporal, así como las condiciones sobre las que la gente trabajadora desarrolla sus actividades laborales fundamentalmente en los trabajos agrarios, en el sector de la construcción, en la hostelería y en la industria.

RESULTADOS ANTERIORES

En 2022 se realizaron un total de 5.113 actuaciones, con 148 infracciones y 3.294 requerimientos; y en 2023 un total de 9.255 actuaciones, con 241 infracciones y 3.463 requerimientos.

De esas actuaciones derivó también la transformación de más de 12.000 contratos en indefinidos y más de 4.300 fijos discontinuos pasaron a ser fijos ordinarios.

La presentación del estudio tuvo lugar en los jardines del Palacio de Zurbano, en Madrid, donde Díaz estuvo acompañada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y la directora general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Cristina Fernández González.