Así se refleja en los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita del senador socialista Miguel Ángel Heredia sobre “cuántas inspecciones va a llevar a cabo Trabajo para vigilar el fraude en los fijos discontinuos”.

En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que en mayo Trabajo puso en marcha un plan de choque de lucha contra el fraude en la contratación que, por primera vez, incluye supuestos de posible uso irregular de contratos fijos discontinuos. En el marco de dicho plan de choque fueron remitidas un total 83.619 cartas, de las que 14.601 corresponden a supuestos de posibles incumplimientos en materia de contratación de fijos discontinuos, afectando a un total de 54.006 trabajadores.

Por provincias, los datos facilitados por el Gobierno reflejan que los territorios con mayor número de trabajadores afectados por estos incumplimientos serían Murcia (7.828 trabajadores afectados y 630 cartas remitidas), Alicante (6.999 trabajadores afectados y 1.683 cartas enviadas) y Madrid (4.795 trabajadores afectados y 1.013 cartas enviadas).

A continuación, se sitúan Valencia (3.341 trabajadores afectados y 784 cartas enviadas), Sevilla (3.147 trabajadores afectados y 638 cartas enviadas), Barcelona (2.881 trabajadores y 996 cartas), Baleares (2.767 trabajadores y 1.286 cartas), Almería (2.129 trabajadores y 532 cartas) y Málaga (2.009 trabajadores afectados y 757 cartas remitidas).

La labor de vigilancia en materia de contratación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se enmarca en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023, que tiene entre sus objetivos “el de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos laborales, luchando contra el abuso y fraude en materia laboral”.

En este sentido, el Gobierno explicó en su respuesta a la pregunta parlamentaria que, “si hasta la fecha”, las actuaciones se habían centrado en los contratos temporales fraudulentos, así como en los celebrados a tiempo parcial que encubren jornadas de trabajo superiores a las pactadas, “ahora se han intensificado” las actuaciones dirigidas “a vigilar que los contratos fijos discontinuos respondan a su normativa específica, vigilando que no encubran relaciones laborales que respondan a contratos indefinidos ordinarios”.

De esta manera, los planes de choque se estructuran en una primera fase consistente en el envío masivo de cartas a empresas en las que se detectan indicios de uso irregular de esta modalidad contractual, dándoles un mes para regularizar la posible situación irregular. Transcurrido dicho plazo, se produce una segunda fase en la que se inician actuaciones inspectoras en aquellos supuestos en los que no se ha procedido a la transformación del contrato. En estos momentos, explicó Trabajo, la actuación se encuentra aún en la primera fase.

El fraude en la contratación de fijos discontinuos tiene repercusiones no sólo en cuanto a la modalidad contractual, sino también en las bajas indebidas de las personas trabajadoras afectadas, así como en la posible percepción indebida de prestaciones por desempleo