En dicho pacto, a juicio de los sindicatos, “se recogían medidas capaces de paliar los numerosos problemas que afectan a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cuya intensidad crece día a día”.

De hecho, en una rueda de prensa, los sindicatos denunciaron hace pocas jornadas que este organismo cuenta con solo 2.200 personas con labores de inspección para dar cobertura a más de 20 millones de ocupados y a 1,4 millones de empresas.

“Se agota con esta huelga una primera fase de la movilización. Se han consumido tres días de huelga completa y tres meses en los que cabría haber esperado un mayor nivel de compromiso por parte del Gobierno de España en la búsqueda de soluciones. El desentendimiento y la lejanía que venimos observando por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social no solo es una actitud irresponsable, va más allá, al poner de manifiesto la instrumentalización que se está realizando, por parte de la dirección política de este ministerio, de los esfuerzos que viene realizando la plantilla de la Inspección de Trabajo, en beneficio propio”, deploraron los sindicatos.

A partir del 22 de febrero, los sindicatos avisaron de la puesta en marcha de nuevas acciones para mantener vivo el conflicto. Así, presentarán una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea y llevarán a cabo un calendario de paros parciales que, además, no descartaron que pueda terminar desembocando en una huelga indefinida.

Además, mostró su “temor” a que tanto Trabajo como el Ministerio de Hacienda y Función Pública estén modificando el acuerdo de 2021 de forma sustancial. “Mostraremos nuestra beligerancia completa con cualquier cosa que sean un par de medidas de Función Pública que no resuelva los problemas de base que ya estábamos identificando en 2021”, advirtió Josetxo Gándara, representante de CCOO.