El portavoz de la coalición, Francisco Herrera, explicó que, a partir de ahora, el Ayuntamiento inscribirá el suelo en el que esté situada la propiedad declarada en ruina en el Registro de Solares, lo que permitirá a los inquilinos desalojados dela vivienda afectada por el expediente de ruina exigir una indemnización al propietaio del inmueble.

Además, señaló Herrera, con esta medida, propuesta por IU en la última sesión celebrada el pasado 28 de noviembre por la Comisión Asesora de Expedientes Contradictorios del Fincas Ruinosas, los propietarios de las fincas afectadas deberán cumplir una serie de requisitos para operar urbanísticamente en el solar.

A su juicio, el acuerdo impedirá que se produzcan hechos "de verdadera piratería", en qe los propietarios de los inmuebles en ruina permiten que el edificio "se venga abajo para venderlo o tirarlo, ya que hasta ahora", dijo, "con la declaración municipal de ruina de un edificio terminaba el vínculo jurídico entre los inquilinos y el casero".

El portavoz de IU añadió que su formación política pidió también a la comisión que esta medida obligue al casero a garantizar el realojo de los inquilinos que tengan que abandonar sus viviendas en otro lugar, o, subsidiariamente, al Ayuntamiento.

"Queremos que los ciudadanos afectados por un proceso de ruina sepan que tienen una puerta abierta para la negociación de una indemnización, y que se hagan fuerte en ello", indicó.

INSPECCION DE MERCAMADRID

Por otro lado, Herrera mostró su oposición a la medida del Ayuntamiento de anular la inspección de consumo en Mercamadrid, ya que, dijo, tendrá graves consecuencias para los consumidores, "porque los productos sin control van a ir directamente al estómago de los madrileños".

Según el portaoz de la coalición, los inspectores de Mercamadrid intervinieron y decomisaron durante el pasado año un total de 108.000 toneladas de pescado y frutas y hortalizas.

De ellas, 939.000 toneladas correspondieron a frutas y verduras, lo que supuso un 10 por ciento de la cantidad total comercializada en ese centro alimentario durante 1990, y 168.000 toneladas de pescado, un 5 por ciento del total comercializado en Mercamadrid.

Herrera criticó duramente esta decisión adoptada por el concejal de Sanidady Consumo, Simón Viñals, quien la justificó por el elevado importe que suponía para el Ayuntamiento pagar los gastos de taxi de los inspectores que se trasladaban a Mercamadrid.

En opinión de Herrera, esos gastos de desplazamiento equivalían a 40.000 pesetas diarias, "pero el Ayuntamiento, a través de Viñals, consiente hacer un error gravísimo que afectará a la salud de los madrileños de forma preocupante".

Insistió en la inviabilidad de que los 3 inspectores que hay en cada distrito realicen loscontroles que hacían los de Mercamadrid, como indicó Viñals, "ya que es imposible por activa y por pasiva que puedan inspeccionar los productos en los más de 10.000 establecimientos de minoristas que hay en la capital", aseguró.

"Vamos a dar la lata sobre este asunto porque no vamos a permitir que un gran número de madrileños pague con su salud la ineficacia de Viñals", afirmó.

APLAZAMIENTO DEL IAE

Finalmente, Herrera se volvió a referir al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y anunció quela coalición pedirá en el pleno de la corporación del próximo día 10, en el que serán aprobadas definitivamente las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, que el equipo de gobierno aplace su aplicación, que deberá comenzar en enero de 1992, hasta el segundo semestre del año.

Según Herrera, el equipo de gobierno pretende imponer el impuesto sin tener elaborado el censo de los contribuyentes -los comerciantes y profesionales-, que no se han dado de alta; no están definidas las cuotas mínimas resultantes e la aplicación de las tarifas ni las cuotas provinciales y nacionales.

Añadió que el Ayuntamiento debe aplazar su entrada en vigor hasta que no fije con precisión los términos en que va a aplicar el IAE y no maneje con absoluta solvencia los datos técnicos.

Además, calificó de "demagógica y de cara a la galería", la proposición del equipo de gobierno, aprobada en el último pleno con los votos del PP, de instar al Gobierno a posponer un año la aplicación del impuesto.