Fontecha hizo estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida en el marco del Consejo Confederal de UGT, órgano consultivo que agrupa a la Ejecutiva y a los secretarios generales de las federaciones estatales y uniones territoriales del sindicato, que se reunió hoy y debati, entre otros asuntos, la nueva Ley de Extranjería.

La responsable de Migraciones de UGT aseguró que todo el debate del PP en torno al fenómeno de la inmigración ha estado al servicio de un objetivo político, modificar la Ley de Extranjería 4/2000, que no entró en vigor y que era más dura con las mafias que se dedican a traer inmigrantes a nuestro país y con la contratación de trabajadores ilegales.

A su juicio, la nueva ley es una "modificación oculta" de la anterior que se ha llevado a cabo porel temor a una entrada masiva de inmigrantes con una ley más permisiva y para disuadir a los inmigrantes de que vengan a España. Fontecha aseguró que la Ley de Extranjería que hoy entra en vigor condena a los inmigrantes irregulares a la explotación y a la degradación de las relaciones laborales.

Explicó que con la nueva ley ya no se prevén procesos de regularización extraordinarios, como hasta ahora, se amplía de dos a cinco años el tiempo para conseguir la regularización y no se permite el derecho d asociación y huelga, entre otros. Advirtió de que esta normativa creará problemas de convencia en nuestro país y ya ha provocado situaciones de miedo y rechazo a la inmigración en algunas zonas.

"La única política del PP en materia de inmigración", denunció Fontecha, "es condenar a los trabajadores irregulares de este país a la explotación y a un callejón sin salida para que sirva de ejemplo a otros trabajadores extranjeros y les disuada de venir a este país".

EXIGENCIAS AL GOBIERNO

Fontecha istó al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, del que dijo que "está siendo un poco autista en una materia que le compete", a reunirse con los sindicatos para abordar este problema, y lanzó una bateria de exigencias dirigidas al Gobierno, concretamente a los titulares de Trabajo e Interior.

La responsable de Migraciones de UGT pidió que se resuelva el problema humanitario y se asegure un mínimo vital a los inmigrantes, qe se resuelvan todos los expedientes pendientes del anterior proceso de regulaización, así como las solicitudes de permisos de trabajo pendientes, y que el Gobierno establezca el contingente de inmigrantes de este año.

También reclamó que se ponga en marcha, como plantea la ley, la posibilidad de rescate de los trabajadores a los que les ha sido denegada su solicitud en el proceso de regularización, que, según Fontecha, son unas 60.000-70.000 personas; y que se resuelva la situación de las migraciones interiores en el sector agrícola.

Además, exigió un mecanismo estable deinterlocución entre los empresarios, sindicatos y Administración para buscar una salida al problema de la inmigración y regular los flujos migratorios en este país. Finalmente, Fontecha pidió a la Inspección de Trabajo que actúe y también reclamó el derecho de los inmigrantes a defender sus condiciones de trabajo.