La central sindical subraya que este retraso también ocurre con los expedientes de regularización extraordinaria del año 2000, donde cientos de expedientes están sin resolver desde el pasado mes de julio.

Según UGT, estas dilaciones hace que muchos inmigrantes no tengan la oportunidad de normalizar su situación, a pesar de tener ofertas reales de trabajo, y que tengan que aceptar empleos para trabajar al margen de la ley.

"Muchos de estos trabajadores", continúa UGT, "pasan, de este modo,a ser objeto de abusos por parte de empresarios sin escrúpulos o de mafias que trafican con mano de obra".

Otra de las consecuencias es la que algunos abogados y gestores ofrecen, por una cantidad de dinero que ronda las 70.000 pesetas, reducir el periodo de espera de la tramitación mediante prácticas fraudulentas.

Frente a esta situación, UGT Madrid ha pedido, tanto en el seno del Foro para la Inmigración como a la Delegación del Gobierno en Madrid que se tomen las medidas necesarias para agilizr los procedimientos de regularización e impedir este tipo de abusos.