Esta organización considera que la nueva legislación puede calificarse de "racismo institucional", porque "es un mecanismo e exclusión legal que genera discriminación social y explotación laboral".

"La mayor parte de los derechos contemplados para todos los extranjeros en la ley 4/2000 quedan retringidos ahora a quienes se encuentran regularizados en nuestro territorio", asegura SOS Racismo en un comunicado. A su juicio, la reforma de la anterior ley era "innecesaria", porque no se llegó a desarrollar y por su "cortísima vida".

La ONG asegura que la ley 8/2000 se fundamente en la política "disuasoria", es una muestrade "cinismo" del Gobierno y significa un retroceso "muy importante y extremadamente grave" en la legislación de extranjería.

La organización humanitaria destaca que el nuevo texto legal de extranjería tendrá consecuencias "funestas", como más muertes en pateras, proliferación de mafias, explotación laboral, expulsiones, internamientos sin haber cometido delitos, indefensión y el no acceso a servicios y derechos básicos.

Además, SOS Racismo subraya que "los irregulares se convierten con la nueva ly en víctimas de un 'apartheid' legal que los convierte en no ciudadanos, en no sujetos. Así se consolida una sociedad fracturada, formada por ciudadanos con distintos estatus de derechos, que contradice el núcleo mismo de nuestros valores".

Finalmente, esta ONG denuncia la actitud del Gobierno por adscribir la inmigración al Ministerio del Interior, por su anuncio de cambios en la composición del Foro de la Inmigración, por recomendar que no se empadrone a "irregulares", por no dotar de presupuesto e programa GRECO y por su "mala gestión" del proceso de regularización extraordinario, que mantiene la existencia de un importante número de irregulares en nuestro país.