Saura respondió así a las palabras de Fernández Miranda, que recomendó a los alcaldes españoles que no empadronen a los inmigrantes, algo que, en su opinión, contradice la legalidad vigente.

El diputado de IC considera que las afirmaciones de Fernández Miranda le han invalidado como político", y anunció que las llevará a la Fiscalía apelando al artículo 409 del Código Penal.

Este precepto, recuerda Saura, establece una multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años para las autoridades o funcionarios que promuevan, dirijan u organicen el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público.

En el caso de ejecutarse la recomendación de Fernández Miranda, dice el diputado, se estaría prvando a una serie de personas, los inmigrantes, de un servicio público esencial como es la atención sanitaria, por lo que su actitud es susceptible de aplicación de este artículo del Código Penal.

Además, prosigue Saura, sus palabras vulneran el artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local, según el cual todo ciudadano español o extranjero que viva en territorio español debe estar empadronado en el municipio en el que resida habitualmente, y el artículo 6 de la Ley de Extranjería, que obliga a losayuntamientos a mantener actualizado el padrón de extranjeros que residen en su municipio.

Junto a estas vulneraciones, Joan Saura destacó que las palabras de Fernández Miranda tienen una consecuencia a largo plazo, ya que el padrón es una de las cosas que permite a los inmigrantes irregulares demostrar un periodo mínimo de residencia y, por tanto, aspirar a la regularización.

Por todo ello, Saura acusó abiertamente al Delegado del Gobierno de promover, con sus acciones y sus palabras, las mafiasde tráfico de inmigrantes y el "trato de esclavos" de los que consiguen llegar a España.