Según la Secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, "el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual debe combatirse de forma integral y las instituciones deben intervenir desde múltiples aspectos: la persecución de as mafias, la prevención, la sensibilización social y la atención y apoyo a las víctimas. Sólo de esta forma nos acercaremos a la erradicación y solución de este problema".

La propuesta pone de manifiesto que las víctimas de este tráfico están en España en situación administrativa irregular, por lo que no se atreven a denunciar por temor a que se les expulse del país o por miedo a las represalias.

"Para lograr la cooperación de las víctimas con las autoridades competentes, será necesario desarrolar una enorme y multidisciplinar batería de medidas legislativas, sociales, institucionales, que faciliten la protección a las mismas", subraya Micaela Navarro.

Así, la iniciativa socialista propone que el Gobierno impulse y dote de presupuesto económico medidas de carácter social y sanitario en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con el objetivo de potenciar los servicios sociales de prevención, atención e inserción social de las víctimas.

En este sentido, se contempl la creación y financiación de unidades móviles, centros de día, pisos de acogida, viviendas de alquiler, guarderías infantiles, ayuda a domicilio, plazas escolares y de albergue para las víctimas, así como la puesta en marcha de un servicio de atención telefónica gratuito durante 24 horas, para canalizar el asesoramiento, atención, información y asistencia urgente a las víctimas.

El PSOE propone también la creación de un organismo específico dedicado a coordinar los esfuerzos en este terreno. Se trat de la Oficina Nacional contra el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en la que participen tanto la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración como el Instituto de la Mujer.

Entre sus funciones estarán la elaboración de informes sobre la situación del tráfico de personas, investigar los mecanismos del mercado de oferta y demanda en relación con tráfico de mujeres y turismo sexual, elaboración de dato estadísticos sobre la incidencia del sida y las enfermedades de transmisión sexual, coordinar la detección de casos de tráfico de personas en los países de origen y tránsito, coordinar campañas de prevención, sensibilización e información, de todo lo cual se informará puntualmente al Parlamento.

Otras medidas de carácter institucional están dirigidas al cumplimiento estricto de los tratados internacionales suscritos por España sobre tráfico de personas, solicitud para España del status de miembro de leno derecho de la Oficina Internacional sobre Migraciones, dotación presupuestaria para cooperación, programas específicos contra la pobreza destinados a las víctimas potenciales y reales de tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual, creación de un protocolo de actuación dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y coordinación con los cuerpos de seguridad supranacionales.

Finalmente, se pone de manifiesto la necesidad de un cambio en la mentalidad social para lo que seproponen campañas de sensibilización sobre este problema dirigidas a las víctimas, los profesionales y la sociedad en general.