Múgica, que hizo estas declaraciones en los pasillos del Senado, señaló que fijar los criterios para la regularización de ese colectivo compete por entero al Gobierno y a las Cortes Generales.

No obstante, aclaró que su departamento o es ajeno a este conflicto y, a este respecto, recordó que ha intervenido de oficio en algunos casos, como el reciente en Almería, "para ver si (a los trabajadores inmigrantes) se les prestaba la asistencia jurídica y sanitaria necesaria".

"Respecto a la regularización", reiteró, "eso forma parte de la Ley de Extranjería, sobre la cual no vamos a dar una opinión porque somos el Alto Comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos de los ciudadanos, entiendo que de los españoles y de quenes viven en la actualidad en España, pero no podemos anticipar nuestra opinión porque estamos con las Cortes".

En este sentido, explicó que es tarea del Defensor del Pueblo reclamar de los partidos políticos "que se obtenga el máximo consenso" en torno a la reforma prevista de la actual ley.

En tanto el debate político se desarrolle, señaló Múgica, su departamento seguirá estudiando la legislación comunitaria en materia de inmigración", ya que nuestra aspiración no puede ser distinta de lo que s la legislación de los países que forman la Unión Europea", concluyó.