En este sentido, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha remitido una carta a Múgica en la que manifiesta la preocupación de esta formación por la vulneración de derechos que se pueden derivar de la aplicación de la instrucción de la fisclía respecto al retorno de los extranjeros menores de edad.

En la misiva, IU señala que la instrucción de la Fiscalía supone "la ruptura con el modelo de fiscal consagrado en la Constitución y una quiebra de los principios de legalidad e imparcialidad en su actuación; y a la vez, es un grosero incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño suscrita por España".

Asimismo, Llamazares acusa directamente al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de estar supeditado a los intereses del Gbierno en materia de inmigración.

"Consideramos que el fiscal general del Estado ha dictado dicha instrucción -Instrucción 3/2003- al margen de la legalidad pretendiendo dar cobertura jurídica a la política gubernamental", recoge el escrito.

"Por todo lo expuesto", concluye la misiva, "instamos expresamente al Defensor del Pueblo para que ejercite las acciones legales que estime oportunas en defensa de los derechos de los menores y especialmente de los menores excluidos como son los menores inmigantes que entran en España buscando posibilidades de vida digna".