Según explica el diputado en una iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, el Colegio de Abogados de Barcelona hadenunciado que cinco gestorías de la ciudad se apoderan de los cincuenta números que los funcionarios reparten cada día, y los venden después a los inmigrantes por 100.000 pesetas cada uno.

Joan Saura pregunta al Gobierno si ha tomado alguna medida para evitar estas extorsiones, y si tiene constancia de que algo similar esté sucediendo en otras oficinas de la Delegación del Gobierno en otras ciudades.

Además de estas preguntas, Joan Saura ha presentado una proposición no de ley para dotar a estasoficinas de los recursos humanos y materiales suficientes para atender a los inmigrantes con diligencia, rapidez y agilidad.

En este sentido, Saura recuerda la necesidad de resolver los atrasos de los trámites en curso, puesto que esta es la principal causa de las largas colas que se forman ante las oficinas.