INMIGRACION. EL GOBIERNO DE ARAGON ACUERDA PRESENTAR RECURSO DE INCONSTICIONALIDAD CONTRA LA LEY DE EXTRANJERIA
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El Gobierno de Aragón acordó hoy interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería, por no reconocer los derechos de reunión y manifstación, asociación, sindicación y huelga y limitar el derecho al beneficio de justicia gratuita a los extranjeros que no residen legalmente en España.
El Consejo de Gobierno, presidido por Marcelino Iglesias, celebró hoy una reunión extraordinaria en la que acordó autorizar a la Dirección General de Servicios Jurídicos que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley.
En concreto, el Ejecutivo aragonés considera que la Ley de Extranjería vulnera varios artículos de la Constituión española: el 21, relativo al derecho de reunión: el 22, al derecho de asociación; el 28, al derecho de sindicación y huelga, y el 24, al derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el 119, relativo a la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
El Gobierno aragonés considera que está legitimado a interponer el recurso por afectar al ejercicio de su competencia exclusiva en materia de asistencia social, competencia de ejecución de legislación laboral competencia en materia de asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Aragón, y la competencia en materia de administración de justicia.
"Todas estas competencias se atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón en su Estatuto de Autonomía, si bien la de administración de justicia todavía se encuentra pendiente de transferencia", argumenta el Ejecutivo autonómico.
Por otro lado, el Gobierno que preside Marelino Iglesias recuerda que el mandato del artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Aragón y el artículo 9.2 de la Constitución española indican que la comunidad autónoma está obligada a promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Al interpretar los preceptos constitucionales, el Gobierno aragonés ha tenido en cuenta también el Pacto Iternacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas, tratados que han sido ratificados por España y que reconocen a todas las personas los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y trabajo en condiciones dignas, así como la tutela judicial efectiva de sus derechos.
(SERVIMEDIA)
21 Mar 2001
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