De esta forma, todos los extranjeros que estén en esa situación y se encuentren en España a la entrada en vigor del Real Decreto serán documentados con un permiso de trabajo y residencia, un permiso de residencia o una tarjeta de residencia en régimen comunitario.

Se excluye a los que tengan una orden de expulsión vigente o se encuentren inmersos en causas de expulsión o prohibición, o tengan un proceso judicial en curso.

La Administración pocederá de oficio a reexaminar todas las solicitudes de regularización denegadas por el único motivo de no haber podido acreditar que se encontraban en España antes del 1 de junio de 1999.

La Administración concluirá el proceso en el plazo de tres meses, como máximo, desde la entrada en vigor del Real Decreto. Por esta razón, los órganos administrativos competentes podrán requerir al interesado la aportación de la documentación que sea imprescindible para verificar los requisitos exigidos en esta norm.