Así lo señaló esta tarde en el Senado, donde compareció en la Comisión de Entidades Locales para explicar, a iniciativa del Grupo Socialista, los convenios suscritos en temas de inmigración con los ayuntamientos.

Los ayuntamientos "tienen mucho que decir y que hacer, y su papel es fundamental", dijo Fernández-Miranda, pero apostilló que no es al Gobierno al que le corresponde decidir la labor qu pueden desempeñar en esta materia los municipios, sino a las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, asuntos sociales o educación.

De este modo contestó al Grupo Socialista, que se manifestó favorable a que desde la Administración Central se acuerden convenios con los ayuntamientos, en términos similares a los que se suscriben con los gobiernos regionales. El PSOE defendió, a este respecto, que son las entidades locales las administraciones qe abordan de forma más cercana todo lo relativo a la inmigración en nuestro país.

El responsable de Extranjería se sumó a este argumento, pero matizó que el Ejecutivo ha de ser muy escrupuloso en lo concerniente a las competencias asumidas por las comunidades autónomas. En tal sentido, subrayó que éstas "deben de ser capaces de decidir a qué ayuntamientos han de hacerse las mayores transferencias de capital" para que afronten sus necesidades o prioridades.

"Desde el Gobierno hemos de respetar", riteró Fernández-Miranda, "lo que son las políticas concretas (sobre la materia) puestas en marcha desde las CCAA".

No obstante, agregó que sí se pueden firmar con carácter excepcional convenios con los ayuntamientos desde el Gobierno, pero siempre con carácter tripartito, es decir, con la colaboración directa de los gobiernos autónomos, que son, en última instancia, los que manejan las partidas presupuestarias habilitadas para tal fin.

Sobre este particular, anunció el máximo responsable de Inmigación que para el próximo año está previsto que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Asuntos Sociales y el Imserso, se firme un convenio con la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) "para hacer frente a un programa de refugiados, donde la FEMP como tal va a participar en ayuda de las responsabilidades de las CCAA y de los propios ayuntamientos".

Recordó, asimismo, que a lo largo de este año el Gobierno destinará un total de 1.050 millones d pesetas a las comunidades autónomas para que desarrollen diversos programas en materia de inmigración, como, por ejemplo, de integración social, campañas contra el racismo o asesoramiento socio-laboral.

"Es probable", concluyó Fernández-Miranda, "que el Gobierno tenga que mejorar su colaboración con las CCAA para que cada cual (incluidos los ayuntamientos) asuma su responsabilidad en un planteamiento en cascada".