Caldera recalcó, en una rueda de prensa, que en las medidas anunciadas ayer por el ministro de Interior, Angel Acebes, para aumentar las penas por el tráficode personas, endurecer las condenas por la mutilación genital y permitir que los inmigrantes puedan acogerse a la Ley de Divorcio, hay "pocas novedades" y ya han sido reclamadas por el Parlamento "muchas veces".

Por ello, opinó que el Gobierno debe "reconocer el fracaso" de su Ley de Extranjería, con la que se ha "incrementado notabilísimamente" el efecto llamada que el Ejecutivo aseguraba que se iba a acabar, y recordó que hace siete años las mafias organizadas de tráfico de inmigrantes no "campaban or sus respetos" en nuestro país.

El portavoz del Grupo Socialista quiso manifestar, asimismo, el rechazo de su partido a una de las medidas anunciadas por Acebes, la relativa a la expulsión de los inmigrantes que cometen un delito en lugar de enviarles a prisión, por considerar que de este modo se permite el que delinquir "sea gratis" para los extranjeros.

Esto supone una "desigualdad de trato" entre españoles y extranjeros, subrayó, ademas de no ser una iniciativa "responsable", pues no garantia que los delincuentes expulsados vuelvan a nuestro país, ya que las fronteras son "un colador" por el que "entra todo el mundo".

DELINCUENCIA

Por otro lado, recalcó que las propuestas del Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana "si son necesarias no es por casualidad", sino porque con los gobiernos de José María Aznar "se ha incrementado la criminalidad como nunca".

Añadió que para hacer frente a la delincuencia "no es suficiente" con los cambios en el Código Penal y la Ley de Enjuiciaiento Criminal, sino que es necesario "evitar que se cometan delitos", lo que pasa por una política de prevención que el Gobierno "ha abandonado".

Son necesarios también, agregó, más efectivos de las Fuerzas de Seguridad, en lugar de descender hasta "niveles desconocidos" la seguridad pública, como a su juicio ha hecho el Ejecutivo, a lo que debe añadirse un sistema judicial que "funcione", una "buena ley" y un sistema penitenciario que garantice la reinserción.