El Injuve, organismo que depende del Ministerio de Asuntos Sociales, expresó en un comunicado firmado por su director general que respeta las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y las acata, "sin perjuicio del ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión y opinión".

Al comienzo de esta semana el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspendió cautelarmente un programade educación sexual para jóvenes entre 14 y 16 años, salvo que los adolescentes acudieran acompañados de sus padres o con el correspondiente permiso, como consecuencia del recurso presentado por la Federación Católica de Padres de Familia y Alumnos de la diócesis de la capital aragonesa.

La iniciativa, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Educación, Insalud, Diputación General de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, pretendía con la información sexual reducir en lo posible el número de embarazos no eseados entre adolescentes, así como la incidencia en ese colectivo de enfermedades como el SIDA.

El director del Injuve afirma que tanto los padres recurrentes como los magistrados que han dictado el auto "deberían atenerse a la medición de riesgos concretos (embarazos adolescentes y enfermedades sexuales) que atentan contra la salud, bien jurídico a proteger con decisión por nuestros tribunales, por encima de su preocupación etérea por los presuntos 'perjuicios morales' que pudieran derivarse de la ducación sexual".

Para Martínez Solimán, el auto "cae en la tentación paternalista y tutelar de considerar a los jóvenes entre 14 y 16 años como seres privados de sentido crítico y capacidad de discernimiento".

El Injuve insiste en que "la asunción de responsabilidades por las y los jóvenes y su progresiva autonomía, potenciada por programas que como éste les informan de sus capacidades, son la mejor forma de garantizarles una transición a la vida adulta sin falsos temores, sin tabúes y sin grave lagunas de conocimiento".