IC-V insta al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley para modificar legislativamente las normativas estatales con el fin de conseguir un plurilingüismo igualitario en el Estado.

En este sentido, precisa que el citado proyecto deberá modificar, entre otras, las normativas que regulan los usos lingüístics en la Administración del Estado, en la Administración de Justicia y en los registros estatales, así como las que regulan la capacidad lingüística del personal al servicio de la Administración del Estado, de los magistrados, jueces, fiscales, notarios, registradores y el resto de federatarios públicos.

Asimismo, según IC-V, se deberán modificar las normativas que regulan la presencia de las lenguas cooficiales en el Estado español distintas a la castellana en la radio y la televisión pública y privad, la cinematografía y las ayudas a la prensa y la edición, así como las que "imponen el uso de la lengua castellana en el mundo socioeconómico".

Además, la iniciativa de IC-V pide al Gobierno que promueva, a través del Instituto Cervantes, una serie de programas de cooperación con los distintos gobiernos de países de América Latina para que se pueda recuperar y fomentar el uso de las lenguas distintas al castellano existentes en sus territorios.

La presentación de esta proposición se produce despés de que el pasado lunes el Rey afirmara en su discurso de entrega del premio Cervantes que el castellano "nunca fue una lengua de imposición, sino de encuentro".

En opinión de IC-V, estas palabras fueron "desacertadas" y el Estado español "tiene un reto importante: la asunción del plurilingüismo del Estado de forma real y efectiva". Además, considera una necesidad "la promoción de las lenguas distintas al castellano que se hablan en distintos territorios de América Latina".