El autor del informe, que lleva por título "El debate de la financiación autonómica con los resultados del nuevo sistema en 2002", es Miguel Angel García Díaz.

El estudio es muy crítico con el modelo pactado por unanimidad en 2002 por las comunidades autónomas de régimen común, todas menos País Vasco y Navarra. Para el autor, los resultados de su aplicación "reflejan las incoherencias del procedimiento empleado" para su implantación, que "vienen a añadirse a la discrminación provocada por el régimen foral" vasco y navarro.

El informe revela que el coste real del primer año de implantación del sistema fue 4.086,71 millones de euros superior al anunciado por los poderes públicos al aprobarlo. Dicha cuantía equivale al 0,58% del PIB.

DESEQUILIBRIOS

El modelo incorpora factores "no objetivos" y "discrecionales" que explican las "excesivas diferencias" en la financiación por habitante, que hacen que los recursos que recibe, por ejemplo, Cantabria, sean 33,4 puntos superiores a los de Baleares. Esto "refleja que el Fondo de Suficiencia supera su función" de instrumento de reparto de solidaridad.

Pero "el negativo efecto de las disparidades en las comunidades autónomas de régimen común está, no obstante, lejos del provocado por los sistemas forales que, con su metodología actual, disponen de, como mínimo, un 40% más de recursos por habitante que la media" del resto de regiones.

El motivo de ese mayor número de recursos es "su ausencia de aportaciones a las políticas regionales o de solidaridad". Por ello, "se deberían introducir reformas significativas, de modo que País Vasco y Navarra asumieran la cuota de aportación a todas las tareas comunes adecuada a su posición económica en el Estado".

"Esta decisión es perfectamente coherente con el respeto de los derechos forales históricos que no tienen por qué interpretarse de la forma que se hace en la actualidad. De esta forma, el proceso de convergencia debería venir dado por un acercamiento de las comunidades forales a las de régimen común y no al contrario", sostiene García Díaz.

"La extensión del número de territorios incluidos en el sistema foral, en su actual versión o corregida, sería incoherente con el modelo de estado concebido en el pacto constitucional cuya filosofía pivota alrededor de un sistema común con dos excepciones", en referencia a la vasca y la navarra.

Por otra parte, el autor reprocha a las autonomías que, ante un aumento de la capacidad normativa sobre los impuestos, hayan optado por elevar los indirectos, "que se perciben menos por los ciudadanos", al tiempo que disminuían el IRPF, "los más visibles electoralmente".

En su opinión, del primer año de vigencia del modelo se concluye que "se mantiene un excesivo margen de discrecionalidad en la distribución de los recursos, saltándose los criterios objetivos marcados en el sistema, y el avance de la corresponsabilidad fiscal es limitado".