El documento ratifia que entre el 31 de diciembre de 1993 y el 28 de febrero de 1994 Grand Península, empresa controlada entonces por De la Rosa, inmovilizó 1.000 millones de la sociedad para garantizar un crédito de la Caixa de Tarragona a Grand Tibidabo, que presidía el financiero.

La intervención no establece el origen de los 1.000 millones, pero asegura que, "al afectar sus propios fondos a una financiera que no reunía las condiciones de liquidez indicadas, la sociedad podría poner en peligro la continuidad del proycto, porque se exponía a encontrar dificultades de liquidez en el momento en que hubiera de pagar a los proveedores".

El presidente del grupo parlamentario de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, presentó hoy los resultados de otro informe encargado por esta formación a Asesores Consorciados BS, según el cual los 1.000 millones utilizados por De la Rosa para garantizar el crédito a Grand Tibidabo sólo podían proceder del aval de la Generalitat, ya que en 1993 la constructora del parque no tuvo otros ngresos que los 10.000 millones avalados.

En opinión de Saura, "se ha vulnerado la ley con riesgo para el dinero público y sin que la Generalitat hiciera nada". Destacó el hecho de que el fraude no se habría llegado a conocer si no lo hubiera descubierto uno de los socios del proyecto, el grupo nortemaericano Anheuser Busch, y no lo hubiera denunciado el grupo de IC en el Parlament.

El dirigente de Iniciativa per Catalunya volvió a pedir la dimisión del consejero de Economía, Macià Alavedra, y exendió estas responsabilidades políticas al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, porque "ha sido una persona muy activa en este tema".

Saura explicó que IC había hecho llegar a la Fiscalía de Cataluña toda la documentación relativa al caso por la posible existencia de responsabilidades penales por el uso indebido de los fondos públicos.