El documento de Steve Davies, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cardiff, destaca que algunas de estas organizaciones sin ánimo de lucro obtienen elevadas facturaciones anuales, ya que el Estado subcontrata sus servicios, y por ello son luego adquiridas por empresas privadas.

Davies advierte del riesgo de privatización de ciertos servicios públicos que conlleva este proceso, y cita varios ejemplos del mismo en su investigación.

El documento menciona el caso de A4e, creada en 1991 para ofertar programas formativos financiados por el Gobierno británico, y que actualmente se ha convertido en el principal proveedor de este servicio en el país, cuenta con 1.500 empleados, factura 108 millones de euros anuales y también opera en otros países, como Israel y Polonia.

Otro ejemplo es el de Fern Training and Development, creada en 1986 para ofertar programas formativos para discapacitados y desempleados, que hace cinco meses fue adquirida por la empresa privada Carter and Carter plc, por 19,66 millones de euros.

Por su parte la Fundación Shaw, que ofrece programas de formación a los discapacitados vió sus ingresos subir de 26,54 millones de euros a 92,51 millones de euros durante el pasado año, de los cuales 54,23 millones de euros correspondieron a servicios subcontratados por las oficinas de empleo públicas.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Sociales ha indicado a este respecto que la colaboración entre el sector público, privado y el del voluntariado ha permitido un importante progreso en la integración laboral de los más desfavorecidos.