En la presentación de la ley, el secretario de Estado de Industria, Juan Igncio Moltó, señaló que el principal atractivo de este mecanismo de financiación que lleva funcionando en España desde hace 10 años es la posibilidad de obtener créditos hasta 2 puntos por debajo del precio medio del dinero en bancos y cajas.

La ley otorga a las SGR más solvencia y recursos, ademas de nuevos instrumentos de refinanciamiento con los que es posible obviar a las instituciones de crédito más tradicionales y menos interesadas en los proyectos industriales.

Desde la constitución de las pimera SGR en España en 1978 estas instituciones han llegado a sumar ya más de 30 en toda España, con unas 44.000 empresas que han encontrado soluciones financieras a sus proyectos a través de ellas, cuyos capitales consolidados alcanzan a los 12.500 millones, llegando a movilizar 150.000 millones en inversiones.

Según Moltó, las SGR pasarán de ser simples sociedades anónimas a entidades de crédito, como lo prueba el hecho de que quedan sometidas a partir de ahora a la supervisión del Banco de España ya la autorización previa del Ministerio de Economía.

Además, están capacitadas para emitir obligaciones y contarán con un mecanismo flexible de garantía como será el fondo de provisiones técnicas, además de un órgano específico, la Compañía Española de Refinanciación, que actuará como segundo aval y que actualmente está en fase de constitución.