El Gobierno tampoco acepta que los sindicatos controlen las ayudas públicas, en forma de subvenciones o créditos, que reciben las empresas mineras, porque eso corresponde a la Administración, y si lo hicieran los representantes de los trabajadores sería "ilegal". "En todo lo demás les hemos dicho por activa y por pasiva que todo es negociable e incluso, a pesar de habernos acercado a sus posturas hasta la práctica coincidencia, ellos no se han movido nada", aseguraron las mencionadas fuentes.

Industria insistió en que están dispuestos a negociar y que han sido los sindicatos quienes se han levantado de la mesa negociadora.