Por ello, este lobby ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, solicitando que el Gobierno de España se oponga frontalmente a esta medida que estudia Bruselas y que se presentaría mañana junto a la ya esperada comunicación 'Save gas for a Safe Winter'.

Según la Alianza, que se ofrece al Gobierno para todo lo que considere necesario en el rechazo de esta iniciativa, “no tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la Unión”.

Además, advierte de que forzar paradas industriales en países en los que no es necesario agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea.

Además, recuerda que los consumidores de gas españoles, domésticos e industriales, vienen financiando desde hace años una gran inversión en infraestructuras de gas, precisamente para reducir el riesgo de dependencia de un solo país suministrador.

“Este incremento de costes lo hemos asumido para limitar nuestra exposición a cortes de suministro, siendo incoherente que se pueda decidir por parte de la propia Comisión Europea que paremos nuestras fábricas y se genere gratuitamente una caída de actividad y empleo”, añade la carta.

Por último, la alianza concluye que “una propuesta como la contemplada requiere escrutinio completo de las instituciones Comunitarias, no pudiendo escamotearse de su debate al Parlamento y Consejo europeos”.