El Tribunal Supremo basó su sentencia en un acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 1979, que estableció diversas medidas para paliar daños producidos por inundacions en diversas comarcas de la provincia de Cáceres, entre las que figuraba una partida para daños en instalaciones industriales.

La empresa Conservas Alagón solicitó estas ayudas, y ahora el Tribunal Supremo le ha reconocido el derecho a parcibir dichas subvenciones, cuya cuantía, incluído principal e intereses, asciende a 150,8 millones de pesetas.

La obligación del Estado de hacer frente al pago de estas indemnizaciones hace necesario la concesión de un credito extraordinario, cuya urgencia se fndamenta en la necesidad de no demorar más su abono y evitar así mayores costes financieros.