Sancho hizo estas valoraciones en un encuentro en Servimedia junto al director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, con quien dialogó sobre el anteproyecto para reformar la Ley General de Discapacidad y la de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Esto “es una preocupación general por parte de todos los departamentos“, reconoció, “y del nuestro muy especialmente, porque revierte en el bienestar de personas que tienen necesidades concretas”. “A todo el mundo nos preocupa no tener Presupuestos para 2025”, insistió, pese a que las cuentas prorrogadas, en su opinión, son “bastante generosas o, por lo menos, no tan restrictivas como otras”.

En cambio, Sancho consideró que la reforma de las leyes de Discapacidad y de Dependencia no se vería especialmente afectada por esta ausencia, ya que “empezaría a aplicarse en 2026”.

Por su lado, Martín Blanco coincidió en que los ya vigentes “son unos presupuestos expansivos”, y “eso nos da mucho margen de maniobra a la hora de seguir canalizando gasto social”. Con todo, invitó a “no poner el foco únicamente en la parte económica de esta ley”.

“El Estado tiene competencias en la regulación general del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y sobre los derechos de las personas con discapacidad”, pero los servicios sociales son gestionados por las comunidades autónomas, explicó.

“Nosotros lo que estamos haciendo es un cambio de modelo”, prosiguió, que también tiene que ver con decisiones sobre “dónde ponemos el dinero” ya disponible.

A su juicio, “muchas veces nos empeñamos y obcecamos en que los cambios normativos deben tener aparejado un presupuesto y, aunque así es en líneas generales", en este caso "todas las administraciones tenemos que hacer este tránsito”. En el ámbito de las autonomías, ello tiene que ver con “dónde se ponen los recursos” con los que sí cuentan, concluyó.