Esta aspecto fue uno de los que mayor polémica generó entre los partidos de la oposición y hoy ha quedado aclarado con las explicaciones de Michavila, quien explicó que en el texto del Gobierno las condiciones que se establecen para acceder a los beneficios penitenciaros no son acumulativas y de hecho se citan unidas por una "o".

Este era uno de los mayores obstáculos que impedían el acuerdo, porque incluso el PSOE reclamaba que los estarras tuvieran que acreditar un arrepentimiento activo y una actitud colaboradora con la democracia, pero sin condicionar todo ello a la delación.

El ministro de Justicia convocó ayer la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Justicia con la intención de explicar en sede parlamentaria a todos los grupos las reforas legales de endurecimiento de penas por delitos de terrorismo y otras medidas de lucha contra la criminalidad.

En la reunión, que se prolongó por espacio de 3 horas, estuvieron presentes además del ministro, Andrés Ollero (PP), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Manel Silva (CiU), Luis Carlos Rejón (IU), Margarita Uría (PNV), Luis Mardones (CC) y Begoña Lasagabaster (EA).

Michavila expuso a los representantes de los grupos parlamentarios el anteproyecto de ley orgánica que aprobó el pasado 3 d enero el Consejo de Ministros y que permitirá el cumplimiento íntegro de las penas impuestas por los tribunales.

Con esta reforma, se incrementa de 30 a 40 años el límite máximo de internamiento en cárceles para los terroristas y se limita la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios si no exite un arrepentimiento formal del terrorista, que además deberá colaborar con la justicia en la persecución de ETA e indemnizar a las víctimas con su patrimonio.

La intención es que "los terroristascumplan las penas que se les impongan y que ETA sepa que los terroristas no tendrán beneficios penitenciarios y no saldrán de la cárcel si no indemnizan a las víctimas", dijo Michavila, quien también anunció que el texto defitivo será remitido al Consejo de Estado, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial para que emitan una opinión jurídica.

PRISION PROVISIONAL

En la reunión de hoy, se debatió también la iniciativa relativa a la reforma del régimen de prisión provisional que establece a Ley de Enjuiciamiento Criminal y que fue anunciada el pasado fin de semana por el presidente José María Aznar.

En la actualidad existen tres supuestos en los que un juez puede decretar prisión provisional: cuando existe peligro de fuga del inculpado, riesgo de destrucción de pruebas o el caso genere alarma social. Ahora, se pretende añadir el supuesto de pertenencia a banda organizada de cualquier naturaleza y las condiciones de reincidencia o habitualidad en el delito, para que la prisión provisionl pueda afectar a pequeños delincuentes con varios delitos a sus espaldas.

Básicamente, el PSOE está de acuerdo en ampliar a estos dos supuestos la posibilidad de aplicar la prisión provisional, aunque los socialistas se mostraron molestos al inicio de la reunión por lo que calificaron como intento del Gobierno de atribuirse esta medida como propia cuando, según dicen, esta es una iniciativa que ya contemplaba el Pacto por la Justicia y, por tanto, estaba consensuada por los partidos.

Michavila dsipó en esta reunión las reticencias de los grupos que le manifestaron su malestar por las declaraciones del presidente del Gobierno, José María Aznar, quien afirmó el pasado fin de semana que la reforma se sacaría adelante con el acuerdo de la oposición o sin él.

El ministro puso empeño en demostrar a los partidos que el Gobierno está dipuesto a dialogar y a limar todos aquellos aspectos que no afecten a lo esencial del proyecto, pero que permitan sumar votos al consenso.

En este sentido, garantzó que el deseo del Ejecutivo es sacar adelante la reforma con el mayor apoyo posible, garantizando la constitucionalidad del texto final gracias una consulta al Poder Judicial y a la Fiscalía.

Por su parte, López Aguilar insistió en que es urgente la convocatoria del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, puesto que el contenido de la reforma entra de lleno en sus competencias.

El texto presentado hoy por los socialistas en la reunión no ha sido tratado pero todos los grupos y el minisro de Justicia se han comprometido a estudiarlo. Este texto plantea diferencias de matiz con la idea del Gobierno, una vez eliminadas las dudas sobre la necesidad de la delación por parte de los terroristas para alcanzar la reinserción.

En este sentido, Michavila dijo que la polémica surgida en torno a ese tema ha sido "artificial", puesto que nunca estuvo en la mente del Gobierno que los etarras penados debieran cumplir todas las condiciones que se detallan en el anteproyecto a la vez.

"La resocalización tiene que tener su viabilidad incluso con el horizonte de tener unas penas máximas de 40 años", aseguró en rueda de prensa tras la reunión.

En cuanto a la nueva regulación de la prisión preventiva, el portavoz socialista defendió que la fórmula que ahora se estudia de más "margen de maniobra del poder judicial" para su aplicación.

Sólo la portavoz de EA se manifestó abiertamente en contra del proyecto, aunque afirmó que estaba dispuesta a escuchar al Gobierno. Los demás, aunque demandanmatizaciones y cambios, se inclinan por apoyar el texto final.

CRITICAS DE IU

En nombre de IU, Luis Carlos Rejón, explicó que su grupo tenía intención de pedir explicaciones al ministro por unas declaraciones en las que Michavila dijo que sus críticas al proyecto del Ejecutivo significaban que IU se alejaba de las víctimas y se ponía "al lado de los terroristas".

La intención del diputado de IU era manifestar su protesta y abandonar la reunión, pero Michavila les ofreció explicaciones en las qu "hemos encontrado suficiente satisfacción", según dijo Rejón. A partir de ahí, IU se ha mostrado dispuesta a "seguir trabajando en mejorar" el texto del Gobierno.

Pese a que Rejón se mostró convencido de que el Gobierno no va a modificar ningún aspecto sustancial de su proyecto, sí dijo que IU tratará de mejorar la reforma en "los matices". IU cree que el endurecimiento del régimen penitenciario pertenece al "modelo del síndrome de Linch, que no es el nuestro" y defendió una vez más los valores de lareinserción.

En este sentido, argumentó que, de 300 etarras que han sido objeto de beneficios penitenciarios en los años de democracia, ninguno ha vuelto a delinquir, mientras que los 3 terroristas que se reintegraron a la banda habían cumplido sus penas (aunque con redención por trabajo). Rejón utilizó este argumento para dudar del "efecto disuasorio" que esta norma pueda tener sobre los aspirantes a terrorista.

Rejón apreció una disposición dialogante en el ministro que, según dijo, se mostró dspuesto a dialogar sobre distintos aspectos de la regulación de la reinserción, e incluso abrió la posibilidad de que la delación no sea imprescindible para alcanzarla. Pese a su posición crítica, IU apoyará el texto final que se acuerde.