En diciembre de 2017 venció el plazo para que los ayuntamientos adecuaran su flota de taxis a los requisitos de accesibilidad establecidos en dicha norma, explicó Impulsa Igualdad en un comunicado.

Sin embargo, numerosos municipios "siguen sin alcanzar este porcentaje mínimo", lamentó, y ello "vulnera los derechos de las personas con discapacidad a la movilidad y a la igualdad de oportunidades".

Según datos del Observatorio de la Accesibilidad, en 2017 el 63 % de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes incumplían esta normativa.

A día de hoy, las ciudades de Madrid y Barcelona, entre otras, continúan sin alcanzar el mínimo exigido, criticó Impulsa Igualdad.

Para su presidente, Francisco José Sardón, "la falta de taxis accesibles limita la autonomía personal de muchas personas, dificultando su acceso a servicios esenciales como el empleo, la educación o la sanidad. De ahí que la ausencia de vigilancia por parte del Ministerio "vulnere derechos fundamentales", razonó.

Impulsa Igualdad solicitó al Ministerio que tome medidas urgentes para garantizar que los ayuntamientos cumplan con la normativa vigente, incluyendo la supervisión de su aplicación y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. Asimismo, instó a "coordinar las acciones de las administraciones autonómicas y locales para lograr una aplicación efectiva y homogénea en todo el territorio nacional".

La confederación admitió que "la competencia sobre el servicio de taxis recae en los ayuntamientos", pero destacó que el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana "tiene la responsabilidad de promover directrices, marcos normativos y mecanismos de financiación que garanticen el cumplimiento de la normativa estatal y europea en accesibilidad".