Así lo aseguró durante su intervención en la primera sesión de control parlamentario al Gobierno de este año, que se celebró en el Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora Olaia Duarte lópez (EH Bildu) sobre si el Gobierno ha “considerado” dentro de las reformas planteadas de la Ley de Dependencia y la de Discapacidad una “redefinición” de la prestación económica vinculada al servicio para evitar que sea utilizada de forma “continuada” como un “sustitutivo” a la creación de plazas públicas de atención y cuidado.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy subrayó que, en la reunión de este martes del Consejo de Ministros, el Gobierno ha arrancado la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia que, a su juicio, “debe servir para adaptar el sistema de cuidados a las necesidades, demandas y exigencias del tiempo en el que vivimos”.

“Y es una tarea ingente, porque venimos de una década de recortes que prácticamente desmanteló este sistema y nuestra obligación es recuperar su buena salud”, abundó, al tiempo que reivindicó que el Ejecutivo está “intentando recuperar” la financiación del sistema en su conjunto, que ha “aumentado un 150% desde el año 2018, un 200% desde el año 2014” y, “al mismo tiempo, impulsando un cambio en el modelo de cuidados” que lo “dote” de “mayor calidad y cercanía y de una atención personalizada a los usuarios del sistema”.

En paralelo, recordó que la reforma también incluye la incorporación de nuevos servicios a la cartera, como el servicio de la asistencia personal y la provisión de productos de apoyo.

“Y lo hacemos porque defendemos un sistema en el que los poderes públicos provean de servicios y de soluciones a la ciudadanía y no simplemente les ofrezcan dinero”, apostilló, convencido de la necesidad de “reforzar” el Estado del bienestar y “garantizar que la protección universal llegue también al ámbito de los cuidados”.

AMPLIOS CONSENSOS

Tras reconocer que esto “requiere amplios consensos políticos”, el titular de Derechos Sociales quiso “tender la mano” a todos los grupos parlamentarios para que se “impliquen” en la tramitación de esta norma y, de este modo, conseguir “el mejor resultado posible”.

“De lo que se trata es de blindar un sistema público de cuidados para las próximas generaciones, se trata de hacer todo lo contrario de lo que hicieron quienes desmantelaron en los años de la austeridad el sistema de la dependencia, 5.406 millones de euros en recortes y el ámbito de los cuidados entendido como el primero que se debía sacrificar en aras de la austeridad fiscal”, sentenció, en referencia a los gobiernos del PP.

En la misma línea, aseveró que “se trata de hacer todo lo contrario que quienes insisten en construir macro residencias contra todos los consensos y todos los estándares recomendados, mientras a la vez consienten que se sirva comida en mal estado a las personas que viven en residencias a su cargo o se siguen negando a que se investigue lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia”.

“Meses investigando un 'whatsapp', meses investigando la licencia de un software, pero el derecho a saber de 7.291 familias, eso no hay que investigarlo, ¿verdad?”, lamentó, al tiempo que incidió en la urgencia de “hacer todo lo contrario” y de “defender” un sistema público universal de cuidados como un derecho de ciudadanía y que “nunca más los cuidados sean moneda de cambio para los recortes ni objeto de maltrato por ninguna administración pública”.

Por su parte, la senadora de EH Bildu afirmó que la “intención” de la Ley de Dependencia “era buena”, pero su aplicación “ha sido algo perversa” e instó a “aprovechar esta oportunidad” de modificación de la ley para “mejorar y matizar” las prestaciones económicas recogidas en el texto y “vetar” el “ánimo de lucro” en este sector.