Así lo puso de manifiesto durante su intervención en el diálogo sobre las 'Claves de la futura reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia', que también contó con la participación del presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Jesús Norberto Fernández; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; y la epidemióloga y experta en envejecimiento Victoria Zunzunegui, y que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

En el transcurso de su alocución, Martínez recordó que el Ejecutivo está ahora inmerso en la “tramitación interna" del texto, con "todas las aportaciones" de ministerios, organismos consultivos y proceso de consulta pública y, tras reiterar su confianza en que la norma “pueda llegar al Congreso en otoño y pueda tramitarse y aprobarse”, aseguró que se trata de “una ley de país”.

“No es una ley de gobierno, ni es una ley de partido. El reto del envejecimiento, normalmente, lo abordamos desde el punto de vista de las pensiones, pero el modelo de cuidados de larga duración es un reto de país que tenemos”, aseveró, para, a continuación, remitirse tanto al "consenso" que concitó la aprobación del artículo 49 de la Constitución, como al que ya obtuvo la propia ley en 2006.

En este contexto, aseveró que el gabinete de Pablo Bustinduy está “trabajando y dialogando” para obtener ese consenso y quiso aprovechar para “agradecer” tanto al Cermi como a la PMP su “apoyo” al texto de la ley y las “mejoras que están haciendo”, convencida de que “es el momento ideal” de que vea la luz y de que “sería muy difícil entender que esta ley no saliera adelante”.

OPTIMISTAS

“Somos optimistas, estamos trabajando, dialogando tanto con comunidades autónomas, con grupos parlamentarios, con todo tipo de entidades, agentes sociales, y creo que el respaldo social de la ley tiene que traducirse en un respaldo político en el Congreso”, apostilló, consciente de que ya en 2006 la normativa supuso “un hito”.

Por lo que respecta al “principal objetivo” de la reforma de la ley, la secretaria de Estado hizo hincapié en el “consenso” existente en torno a la necesidad de “adaptar” el sistema de la dependencia a un nuevo modelo de cuidados que “ya está instaurado en muchísimos países europeos” y que, “sobre todo, es un mandato ciudadano”.

“Es un mandato ciudadano de cambio de modelo, es una exigencia social que, sobre todo, cobra forma a raíz de la pandemia, cuando vimos esas situaciones que no queremos volver a ver en nuestro sistema de cuidados de larga duración”, prosiguió, al tiempo que indicó que el anteproyecto de ley “modifica” la ley de discapacidad y responde también al nuevo artículo 49 de la Constitución de “incluir nuevos derechos para las personas con discapacidad” y “adaptar” ambas leyes a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por esta razón, estimó que la ley “avanza en derechos y en reconocimiento” y contempla como “grandes reformas” una “adaptación y mejora” del catálogo de servicios para superar la actual disyuntiva entre atención en casa, ayuda a domicilio o residencia, con lo que abre “nuevas posibilidades” al usuario, además de reducir las cargas administrativas y poner a las personas en “el centro”, al tiempo que ayuda a reducir procesos y tiempos.

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

En paralelo, hizo referencia a la incorporación de “una parte muy importante de reconocimiento de derechos y de autonomía”, como tener una atención "libre de sujeciones", decidir dónde residir, qué tipo de prestaciones se desean recibir y la introducción tanto de la innovación social como de la innovación tecnológica en el modelo de cuidados para ayudar a “aterrizar y generalizar” el cambio de modelo.

Tras valorar que, hasta el momento, el texto no ha recibido “un gran cuestionamiento en cuanto a contenidos”, Martínez se mostró “consciente” de que la financiación del sistema “es una limitación, pero no es una cuestión de esta legislatura”, dado que, según su punto de vista, “el sistema nació infrafinanciado”.

“Estamos aún muy lejos de la media de los países de la OCDE en cuanto a términos de inversión en el sistema de cuidados de larga duración. Hablamos de 11.000 millones de euros anuales menos que otros países europeos”, admitió, al tiempo que defendió que “son dos carriles distintos”, esto es, por un lado la mejora de la financiación y, por otro, la “mejora” normativa, que, a su juicio, “no debe ser una razón para no avanzar en cambios que son necesarios”, cuyo “momento es ahora”.

En este contexto, reivindicó que “ha quedado claro” el “compromiso” de este Gobierno con el sistema de la dependencia y subrayó que el hecho de que, previsiblemente, no haya presupuestos este año “es una cuestión coyuntural”. “Nosotros seguimos trabajando no solo para que haya presupuesto, sino para que haya un incremento en el sistema de la dependencia”, añadió.

Asimismo, aseveró que “ahora es el momento de hacer esta transformación” por la existencia de un “consenso institucional, social y de las personas expertas que dicen que este es el camino”.

“Si no hacemos ahora el cambio, en un contexto de envejecimiento en el que calculamos que unas 400.000 personas se van a incorporar al sistema de la dependencia de aquí a 2030, lo que estaremos haciendo es fosilizar, consolidar un modelo asistencialista y rígido, que luego va a ser mucho más difícil de cambiar”, sentenció.

Por todo ello, afirmó que, “sin duda”, los “retos” del sistema son cuantitativos, pero “son también cualitativos” y advirtió de que “solamente cuando avanzamos en derechos y forzamos a los sistemas a ir más allá, conseguimos asegurar la financiación y ponemos el sistema de la dependencia en el lugar que merece dentro del Estado de bienestar”.

PMP Y CERMI

Por su parte, el presidente de la PMP avanzó que la plataforma aspira a “tener presencia renovada” en la tramitación de la norma y pretende “ir tomando posición” y “empezar a señalar las grandes claves” de esta reforma así como algunos aspectos que le “producen todavía algunas preocupaciones de cara a su futuro y a su puesta en marcha de manera efectiva”.

En cuanto a “aspectos positivos”, ve “satisfechas muchas” de sus “aspiraciones” en cuanto a la “nueva concepción de derechos” hacia las personas en situación de dependencia, que, puntualizó, “mayoritariamente, son personas mayores”.

“Ahora ya nos acercamos a lo que son los enfoques europeos en cuanto a lo que es la definición de un conjunto de servicios que cubra un conjunto de necesidades de las personas, que las haga más autónomas, más dueñas de su vida, más incluidas en la sociedad”, celebró, si bien afirmó que a la organización le “siguen preocupando” algunos “elementos”, como los tiempos de tramitación, la “desigualdad territorial” o las “incertidumbres” en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema.

En la misma línea, en el marco de un “cambio de época” demográfico, urgió a hacer “una reflexión como país incluso más amplia que lo que plantea el propio texto legislativo” y dijo “echar de menos un debate más amplio de hacia dónde vamos”, por lo cual emplazó a “hacer una reflexión mucho más amplia de las tendencias demográficas y de la necesidad de invertir en lo social”.

Por estos motivos, abogó por llevar a cabo una “revisión” de un “pacto de Estado” en torno a la dependencia, “afrontando” los cambios demográficos, “sabiendo ver” que el sistema de cuidados de larga duración es también “muy importante” para la economía, consciente de que “aquí está en juego la economía de los cuidados” y de que “invertir en lo social es económicamente rentable”.

Junto a ello, reclamó una “apuesta decidida” por parte de las autonomías en la aplicación de la ley y apostó por dotar “adecuadamente” al sistema de recursos, teniendo en cuenta que, si en la UE el gasto público en dependencia ronda el 1,8% del PIB, en España no supera el 0,8%.

Por su parte, el presidente del Cermi valoró que la “gobernanza” del proceso de reforma de esta ley “está siendo mejor que otras experiencias en el pasado” que, según su punto de vista, “fueron nefastas”. “Porque te encontrabas, de la noche a la mañana, cómo se aprueban los reales decretos leyes con retrocesos, con restricciones muy importantes en una ley que ni siquiera todavía, en 2012-2013, había alcanzado una velocidad de crucero y antes siquiera de aterrizar ya se estaba poniendo en duda o se estaba haciendo retrocederla”, rechazó.

Convencido de que este proyecto “tiene elementos de mejora”, estimó que la ley original “necesitaría casi una refundación”, consciente de que esta nueva norma “no llega a serlo” y de que “tiene un problema gravísimo de financiación” y de “gobernanza”.

“En el tema de modelo, vamos a mejorar y esperemos que pueda dar más de sí la reforma, en temas de financiación está por ver, pero yo no sometería el cambio de modelo a la condición previa de la financiación porque así nunca vamos a avanzar y en gobernanza es apelar a quien tiene que tomar las decisiones, a los poderes públicos estatales y territoriales, a que, por una vez, asuman que no es su tema, sino que es el de muchos millones de personas mayores y con discapacidad”, resolvió.

En cuanto al trámite burocrático para el reconocimiento de la discapacidad, recordó que, “por definición, por esencia, una persona en situación de dependencia es una persona con discapacidad” y se preguntó “por qué obligarla a que pase por dos tribunales distintos, por dos órganos de valoración que a veces pueden ser hasta contradictorios y que no se reconocen entre sí, cuando son las mismas comunidades autónomas las que reconocen a la persona en situación de dependencia y a la persona en situación de discapacidad”.

En la misma línea, advirtió de la relevancia de que esas personas en situación de dependencia “no vayan a llamar a las puertas de la discapacidad a ser valoradas para acceder a beneficios o prestaciones específicas de discapacidad” porque “colapsan absolutamente el sistema” e instó a "avanzar" para que los distintos dispositivos "no se desconozcan entre sí, no se den la espalda, sino que sean cooperativos y convergentes”.

Por último, Victoria Zunzunegui mencionó como “punto positivo” del futuro texto la “orientación comunitaria” del nuevo modelo de cuidados, que ofrece “alternativas” de vivienda a personas mayores y a personas que tienen discapacidad “pero que todavía pueden mantener las actividades de la vida diaria”.

“El segundo punto es que, sí, entran muchos nuevos productos y servicios que son absolutamente necesarios. Tiene también el aspecto de inclusión social y esperemos que se implante en el territorio completo, tanto en las zonas rurales como urbanas”, continuó.

Por último, con relación a la excesiva burocratización en el seno del sistema de cuidados, Zunzunegui tildó la actual ley de “muy ineficiente” debido, precisamente, a ese exceso de burocracia y la “falta de coordinación” que hace que, en muchos casos, la persona “muere antes” de recibir la evaluación de dicho grado de dependencia.