Dijo que el Consejo de Gobierno aprobó hoy un nuevo decreto para la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de la Comunidad.

Indicó que la utilización de medios electrónicos en el proceso de contratación abarca una amplia gama de acciones, algunas de ellas ya puestas en práctica, como el envío de los anuncios para la publicación en portales de Internet, el acceso a través de estos portales a los pliegos de cláusulas administrativas y a las especificaciones técnicas o la utilización de medios telemáticos de consulta de datos para sustituir la presentación de certificados por los interesados.

Además se podrá realizar la presentación electrónica de ofertas en registros telemáticos, la evaluación automática de éstas o de alguno de sus elementos, las notificaciones telemáticas e incluso la tramitación íntegra de los procedimientos de contratación por medios electrónicos.

La licitación electrónica es uno de los proyectos incluidos en la segunda fase del Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa (PESGA II), enmarcado en la iniciativa Madrid Comunidad Digital.

González dijo que el nuevo desarrollo normativo posibilita que las empresas que se presenten a los concursos de la Administración regional puedan realizar todos los trámites a través de Internet, simplificando y agilizando todo el procedimiento.

Con esta medida se pretende, entre otras cosas, extender la utilización de las nuevas tecnologías de la información como medio para evitar desplazamientos, simplificar la presentación de documentos, y en definitiva agilizar y facilitar la gestión de los trámites administrativos.

Además, esto permitirá una disminución de los costes de gestión, tanto para la Comunidad de Madrid como para las empresas concurrentes.

Para la puesta en marcha de este proyecto, el decreto tiene por objeto regular el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de contratación pública de la Comunidad, establecer las condiciones de utilización y garantizar que la licitación electrónica no produce efectos discriminatorios contrarios a los principios de libre concurrencia e igualdad de trato.

Para ello, y con el fin de garantizar que el envío de documentos y solicitudes cumple la legislación de Contratos del Sector Público, será necesario que los empresarios que liciten estén inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid. De esta manera, los empresarios acreditarán su personalidad jurídica, su representación, la capacidad de obrar, la solvencia y la constitución de la garantía provisional, cuando se exija.