El texto inicia ahora, hasta el próximo 26 de abril (tres semanas), un proceso de audiencia e información pública para recabar la opinión de la ciudadanía. Así, pueden enviar sus aportaciones los ciudadanos titulares de derecho e intereses legítimos afectados por el proyecto normativo, directamente o a través de organizaciones o asociaciones que los representan. También pueden hacer aportaciones adicionales otras personas o entidades.

De forma paralela al trámite de audiencia pública, se recabarán los informes sobre el anteproyecto de ley que se consideren oportunos y necesarios para asegurar la calidad y el acierto de la norma.

El texto, informa Igualdad, "adopta por primera vez un enfoque integral de la lucha contra la trata. Así, la respuesta de los poderes públicos va más allá de la respuesta penal y aborda también la prevención y la sensibilización de la sociedad, incidiendo en el papel de la demanda, en desarticular el modelo de negocio y romper la cadena de la trata, así como la identificación y adecuada asistencia y protección de las víctimas".

Además, aborda de forma conjunta la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos y contra todas las formas de explotación que constituyen finalidades de la trata.

ESCLAVITUD

Tipifica también, por primera vez, de manera independiente lo que se conoce como formas modernas de esclavitud: los delitos de trabajo forzoso, de servidumbre y de esclavitud. Así, adopta el modelo integrado de países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, que regulan estos delitos junto con el propio delito de trata.

Por otra parte, la ley garantiza el derecho de las víctimas a recibir información y asesoramiento y ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección, pudiendo a acceder a los servicios de asistencia y apoyo, desde el momento de su detección. El reconocimiento de estos derechos no se vincula a la interposición de denuncia, ni a la participación de las víctimas en la investigación penal.

IMV

También se reconoce a las víctimas determinados derechos laborales y económicos tras su identificación definitiva, como el derecho a la inserción social laboral, el derecho a acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a la consideración de colectivo protegido en los programas de acceso a la vivienda. También se recogen derechos de reparación e indemnización.

Otra de las novedades del texto es que se establecen garantías y derechos de las víctimas en situación administrativa irregular, para que el temor de las víctimas a ser expulsadas no impida el acceso a la protección y los derechos establecidos.

El texto incluye algunas novedades respecto al anteproyecto presentado en 2022, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para habilitar a los Juzgados a la retirada provisional de contenidos ilícitos en la instrucción de delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información.

Cuando finalicen los actuales trámites, el anteproyecto de ley volverá al Consejo de Ministros en segunda vuelta para su aprobación y su posterior remisión al Congreso donde iniciará el trámite parlamentario.