Lo hizo a través de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien, en su rueda de prensa mensual para informar de los datos de violencia machista, se refirió al asesinato de un niño de 11 años en Sueca (Valencia) a manos de su padre, un caso de violencia vicaria en la que el padre asesina a su propio hijo para hacer daño a su expareja.

En este caso, el asesino tenía en vigor una orden de alejamiento de su expareja tras una condena por violencia de género, a pesar de lo cual los progenitores del menor contaban con un régimen de custodia compartida, como consecuencia de la falta de comunicación entre el juzgado de violencia sobre la mujer y el de familia.

El juzgado de violencia sobre la mujer decretó la orden de alejamiento el pasado mes de agosto y no señaló visitas para el padre, mientras que el de familia tramitó el divorcio y ratificó un mes después una custodia compartida de mutuo acuerdo al desconocer la existencia de una condena por malos tratos.

Ante esta situación, Victoria Rosell reconoció que el Ministerio de Igualdad ha llevado a cabo “un gran debate, reflexión y análisis sobre el funcionamiento de las instituciones cuando las mujeres han denunciado (situaciones de) violencia de género”.

Dejó claro que “no buscamos responsable criminalmente”, un ámbito, recalcó Victoria Rosell, que es exclusivo del agresor, pero “sí buscamos los huecos donde se puedan mejorar la colaboración interinstitucional”.

Por ello, subrayó que resulta “esencial” que las instituciones asuman que los derechos de las mujeres y menores víctimas de violencia de género han de ser entendidos como “deberes” por el Estado a todos sus niveles.

Luego de argüir que “ninguna institución debería sentirse ofendida” por aquellas labores tendentes a mejorar su labor, comentó la reclamación de un sector del Poder Judicial para que se instaure una alerta automática en los servicios o sistemas de gestión procesal de los juzgados de familia cuando una de las partes tiene una orden de alejamiento en vigor.

Tras comentar que el desarrollo de esa herramienta es competencia del Ministerio de Justicia, mostró su respaldo a su creación. No obstante, comentó que los jueces y los miembros del Ministerio Fiscal ya cuentan con recursos para conocer si una persona cuenta con una orden de alejamiento, cuya consulta lleva apenas “unos minutos”, y que son utilizados actualmente por algunos juzgados.

Entre esos recursos, Victoria Rosell enumeró el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj) o la posibilidad de realizar una entrevista privada con la mujer víctima de violencia de género.

Por todo ello, dictaminó que, en este caso, “se tendrían que haber evitado las visitas del padre y la custodia compartida”, lo que le dio pie para concluir su intervención llamando a “sacar conclusiones” sobre lo que ha fallado en este caso.