Esta es una de las principales conclusiones que el ‘think tank’ de CEOE reflejó en el informe ‘La colaboración público-privada del gasto público en la provisión de servicios públicos’, en el que detalla “los distintos beneficios y ahorro en costes a nivel sectorial de la externalización al sector privado de la actividad de la administración”.

Los resultados del estudio, presentado este miércoles por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, revelan una correlación positiva entre dos índices elaborados por la organización de subcontratación de los servicios públicos y eficiencia del gasto público “en el conjunto primordial de países desarrollados”. A su juicio, esta relación cobra “una relevancia especial” en el contexto actual, dada la situación de las finanzas públicas españolas, “caracterizada por niveles sustanciales de déficit y deuda pública”.

“La evidencia empírica señala que la externalización de funciones y servicios del sector público contribuye a una mayor competitividad mediante la especialización, la reducción de costos y la adquisición de conocimientos técnicos del sector privado”, afirmaron desde el IEE, que apuntaron al ámbito sanitario, donde “esta fórmula de contratación no solo mejora el acceso, la provisión y la calidad de los servicios de salud, sino que también tiene un impacto positivo en la competitividad”.

El ‘think tank’ de CEOE defiende así que la externalización hacia el sector privado en la prestación de servicios públicos genera “ahorros” para las administraciones de diversas maneras, ya que “aquellos países que optan por externalizar de manera más extensa su sector público son también los que exhiben niveles más elevados de eficiencia en sus gastos”.

En primer lugar, porque “reduce las asimetrías de información resultantes de posibles malas prácticas por parte del gestor público”. Y también porque “introduce criterios de eficiencia del sector privado, aprovechando economías de escala y trasladando costos fijos al proveedor”, lo que “logra costos más competitivos”, a la vez que “fomenta la innovación y mejora la calidad de los servicios”.

No obstante, el IEE subrayó que, para lograr ahorros mediante la externalización de servicios públicos, es necesario un análisis coste-beneficio adecuado que informe sobre los factores indispensables para la subcontratación por parte de los gestores públicos.

ESPAÑA, POR DEBAJO DE LA MEDIA

En este contexto, la organización ha empleado sus métricas para proporcionar una panorámica completa sobre la actual situación de la externalización. Los resultados avanzan que, entre las economías más avanzadas, son los países europeos, especialmente los del centro y norte, quienes lideran en gasto público externalizado, con Finlandia y Alemania a la cabeza.

España, por su parte, se sitúa entre las economías con un nivel de gasto público externalizado por debajo de la media. De hecho, su índice es un 27,6% inferior al promedio de las economías avanzadas de la Unión Europea, equiparándose a las economías del sur y este de Europa. Además, existe una brecha aún mayor en comparación con países que más han desarrollado esta práctica de gestión contractual, como Países Bajos o la citadas Alemania y Finlandia, entre otros.

En esta coyuntura, el informe concluye que España tiene dos problemáticas que restringen la amplitud de los beneficios generados por la externalización en la prestación de servicios públicos. Por una parte, el uso excesivo de encargos a medios propios –que favorecen la participación de entidades públicas frente a privadas– y, por otro lado, las dificultades existentes en los mecanismos técnico-jurídicos de revisión de precios en la contratación pública, ya que no hay un mecanismo eficaz para considerar la revisión de contratos en circunstancias ordinarias y excepcionales.

“Para converger con nuestros socios comunitarios en el ámbito de la colaboración público-privada es imperativo superar estos obstáculos y, por tanto, modificar la legislación en materia de contratación pública para abordar estas cuestiones especialmente problemáticas”, señala el informe, que indica que la externalización ha experimentado una disminución en su relevancia en España en los últimos años.