Según el IEE existe una incorrecta calificación de varios de los preceptos de la Ley de contenidos en la disposición final, "que debería revisarse para no incurrir en inconstitucionalidad".

Concretamente, el informe hace referencia a que existe posibilidad de incontitucionalidad en la regulación de diversos aspectos de la compra-venta mercantil de bienes e imuebles a consumidores que califica de "innecesaria".

Advierte que puede suponer "abierta inconstitucionalidad" la autorización, o licencia comercial especial, de la instalación o apertura de los grandes establecimientos comerciales, como medio de limitar la competencia mediante la planificación.

A su juicio, esta medida "lesionaría tanto la libertad de empresa como la de establecimiento regida por la Consitución y el Tratado de Unión Europea".

El IEE pide que el Gobierno insisita en la estailidad sin propiciar ni posibilitar cambios temporales frecuentes, diferencias entre regiones y entre zonas territoriales.

Los autores se muestran contrarios a que una Ley regule los pagos aplazados de comerciantes a proveedores ya que son objeto de otras disposiciones legales distintas.